La Justicia Federal de La Plata tomó una decisión que responde a uno de los puntos de tensión entre el Gobierno y el sector agropecuario. El juez Ernesto Kreplak, en funciones durante la feria, dictaminó una medida cautelar que suspende temporalmente la vigencia del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, relacionado con la derogación de la Ley de Tierras.
La acción legal no fue impulsada directamente por la Federación Agraria Argentina (FAA). Sin embargo, el fallo del juez Kreplak está alineado con los reclamos expresados por esta entidad y otros actores de la mesa de enlace. El magistrado argumentó que se deben analizar los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia sobre “necesidades y urgencias”. Y señaló que la derogación debe ser suspendida mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
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La medida genera un nuevo capítulo en el debate entre el Gobierno y el sector agropecuario. En este caso deja en suspenso una de las decisiones que generó más controversias en el ámbito rural.
La suspensión temporaria responde a la presentación de un grupo de excombatientes de Malvinas, quienes lograron que la Justicia frene, al menos momentáneamente, la derogación de la Ley de Tierras.
El magistrado, al tomar esta decisión, pone bajo escrutinio la fundamentación del Gobierno sobre la necesidad de derogar la Ley de Tierras mediante un decreto presidencial. Este dictamen judicial fue recibido con atención por parte de diversos sectores, en especial la Federación Agraria Argentina (FAA), cuyo presidente, Carlos Achetoni, había expresado previamente su preocupación por la apertura irrestricta a la compra de tierras por parte de extranjeros y la falta de consideración hacia los productores nacionales.
La reacción de la Federación Agraria Argentina (FAA) frente al fallo judicial
En este contexto, Achetoni, reaccionó positivamente ante la medida cautelar dictada por el juez Kreplak. Recordó la histórica posición de la entidad en defensa de los productores locales y expresó su preocupación por las consecuencias de permitir la compra indiscriminada de tierras por extranjeros.
Subrayó la importancia de proteger a los productores que enfrentaron desafíos económicos y ambientales. Y consideró injusto abrir el mercado a inversionistas extranjeros mientras los agricultores locales enfrentan dificultades.
Contrario a la percepción inicial, la FAA no lideró directamente el reclamo judicial contra la derogación de la Ley de Tierras. El juez Kreplak tomó la decisión en respuesta a un recurso de amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), presidido por Rodolfo Carrizo. Este recurso busca la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, el cual derogaba la mencionada ley, defendida públicamente por la FAA.
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Para el CECIM, la actuación del Poder Ejecutivo Nacional implicó una intromisión explícita en asuntos propios del Poder Legislativo. Este enfoque legal plantea interrogantes sobre la constitucionalidad y legalidad de la derogación impulsada por el Gobierno, a la vez que suma una perspectiva diferente a la discusión en torno a la apertura del mercado de tierras a inversores extranjeros.
Asimismo, desde el cuerpo legal del Gobierno buscan cuestionar la legitimidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) para llevar adelante la causa judicial contra la derogación de la Ley de Tierras. Según argumentaron, el CECIM no posee el estatus necesario para ser un actor legítimo en la disputa, lo que convertiría la controversia judicial en un “debate abstracto”.
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En tanto, el juez Kreplak, a pesar de las objeciones del Gobierno, desestimó la visión que cuestionaba la legitimidad activa del CECIM. Según su interpretación, “el objeto estatutario del CECIM, orientado a la defensa de los derechos soberanos en el Atlántico Sur, Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, no puede ser escindido ni tutelado de manera parcial”.
Kreplak comparó los efectos de la derogación de la Ley de Tierras con los impactos de la ocupación británica en Malvinas. Sostuvo que “habilita la adquisición de tierras rurales por extranjeros en los mismos territorios que la asociación defiende contra la ocupación ilegítima del Reino Unido”.
Por último, la decisión del juez abre un capítulo adicional en la batalla legal. Subraya la complejidad y las implicancias de la derogación de la ley y sus efectos en términos de soberanía nacional y propiedad de tierras.
