La Federación Agraria Argentina (FAA) criticó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente de la Nación, Javier Milei. La entidad se opone tanto a la vía de implementación desde el Poder Ejecutivo y no Legislativo como a la propuesta de derogar la Ley de Tierras.
En este contexto, el presidente Milei, al enumerar las más de 300 normativas que busca modificar o anular, hizo referencia explícita a la “derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones”. Este tema generó un fuerte contrapunto con la FAA, que expresó su desacuerdo con la medida y señaló que la derogación de dicha ley “no es la solución para fomentar las inversiones en el sector”.
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Asimismo, la FAA, resaltó su preocupación no solo por el contenido de las modificaciones propuestas sino también por el proceso mismo, e instó a que cualquier cambio significativo en las políticas agrarias pase por el Congreso.
A pesar de ello, el llamado a derogar la normativa obtuvo respaldo constante por parte de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), se consolidó como una demanda persistente desde la campaña y ganó fuerza con la asunción del nuevo mandatario
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Al respecto, el campo argentino se encuentra así inmerso en un escenario de tensiones y discusiones, donde las decisiones gubernamentales y la respuesta de las entidades agrarias delinean el futuro de las políticas que afectan directamente al sector.
La ley de tierras restringe la propiedad de extranjeros
En este sentido, la legislación, conocida como la “Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras”, detalla restricciones específicas en cuanto a la tenencia de tierras por parte de extranjeros en la Argentina. Según sus disposiciones, no más del 15% de los territorios rurales del país pueden estar en manos de personas de nacionalidad extranjera.
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Además, se establece un límite máximo de 1000 hectáreas para la propiedad de tierras por persona extranjera en la zona núcleo, extendiéndose una cifra equivalente en otras regiones de la nación. A pesar de estas limitaciones, un análisis cartográfico realizado por las autoridades argentinas reveló que solo el 6,09% de la extensión territorial del país se encuentra en manos extranjeras, lo que sugiere que, en términos generales, el límite legal aún no se alcanzó.
En tanto, la entidad gremial del campo expresó su firme oposición. Subrayó que “si no se establecen límites en este aspecto se pondría en riesgo no solo la supervivencia de los productores locales sino también la soberanía sobre los recursos naturales”.
Además, la FAA no dudó en vincular su queja con la exigencia de un aumento en las retenciones, recordó que el sector agropecuario aportó significativamente a través de dichos gravámenes y argumentó que “la eliminación de los derechos de exportación (DEX) permitiría a los productores generar las inversiones que el gobierno busca atraer”.
Por otro lado, la entidad dirigida por Carlos Achetoni arremetió contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), enfatizó sobre “la importancia del respeto irrestricto a la división de poderes y al funcionamiento saludable del sistema de frenos y contrapesos establecido por la Constitución Nacional”.
La FAA sostuvo que acciones que impactan drásticamente en la vida social, productiva, económica y cultural de los argentinos deberían ser sometidas a debate en el Poder Legislativo y subrayó la necesidad de que el Congreso de la Nación participe en decisiones de tal envergadura.
La entidad destacó la importancia de que los gobernantes se adhieran a la Constitución y sus preceptos como un principio no discutible, independientemente de las mayorías con las que hayan llegado al gobierno.
