En Salto, en el norte de la provincia de Buenos Aires, la discusión sobre el mantenimiento de los caminos rurales y el cobro de la tasa vial se intensificó. Llevó a los productores a movilizarse ante la posible aprobación de un aumento que impactaría directamente en la economía del agro. La Asociación de Productores Agropecuarios de Salto (APAS) y la Federación Agraria Argentina (FAA) rechazaron un posible incremento de hasta el 225% en la tasa vial, que el Concejo Deliberante se apresta a aprobar.
La APAS y la FAA denunciaron el alza que varía entre el 186% y el 225%, generando malestar y críticas por la falta de diálogo y la premura en la decisión, realizada antes de la asunción de los nuevos ediles. Mientras la tensión crece, el conflicto se suma al escenario nacional de protestas y reclamos del sector agropecuario por medidas impositivas consideradas perjudiciales.
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En medio de la creciente preocupación por el “impuestazo” que afecta a distintos municipios bonaerenses, Salto es un nuevo foco de tensión entre el sector agropecuario y las autoridades locales.
La movilización de los productores refleja la sensibilidad del sector ante medidas impositivas que impactan directamente en su rentabilidad. El conflicto en Azul, donde los productores irán a instancias judiciales, sirve de antecedente y fortalece la solidaridad entre distintas asociaciones agropecuarias que buscan hacer frente a lo que consideran un ataque a la economía rural.
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En este contexto, las discusiones sobre la tasa vial no solo abordan cuestiones económicas, sino que también resaltan la importancia de un diálogo transparente entre el gobierno local y el sector productivo.
Este lunes, el intendente Ricardo Alessandro, acompañado por su equipo económico y parte del Gabinete de gobierno, se reunió con representantes de las entidades agropecuarias para discutir el tratamiento del presupuesto anual que establecerá las tasas de red vial para el año 2024. Asimismo, se abordaron los lineamientos a seguir el próximo año, con la participación del nuevo director de Inspección Rural, “Quique” Scalzo.
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A su vez, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) se sumó al repudio expresado por APAS y la FAA, manifestando su preocupación por la recurrente estrategia de los intendentes de incorporar nuevas tasas sin mejorar la eficiencia en la administración de los recursos.
Carbap destacó la difícil situación de los productores, afectados por una sequía extrema, una elevada presión tributaria y desafíos económicos. Abogó por “la necesidad de políticas más sensatas y sostenibles”.
