Las 4 entidades de la mesa de enlace (CRA, SRA, Federación Agraria y Coninagro) cuestionaron el beneficio que el Gobierno nacional le dio a las petroleras que exportan granos, las cuales podrán acceder a un crédito fiscal y obtener así un descuento en el pago de retenciones. El beneficio regirá hasta el 31 de diciembre del 2022.
“Perdemos siempre los mismos”, señalaron en este contexto los dirigentes de la Comisión de Enlace, y agregaron que se enteraron de la medida “en medio de las noticias cotidianas que ensombrecen nuestro presente”.
Al respecto, cuestionaron que la decisión “no solo otorga una ventaja sustancial a las petroleras, en detrimento de las empresas agroindustriales”, sino que también muestra la “incidencia extraordinaria que los derechos de exportación tienen en el proceso de producción y rentabilidad de productores y exportadores”.
“El incentivo manifiesto a las empresas petroleras, rompe toda condición de igualdad con las agroindustriales, que deben exportar en condiciones diferentes y que en definitiva trasladan ese perjuicio a los precios que recibe el productor primario”, enfatizó la Comisión integrada por Carlos Achetoni (Federación Agraria), Nicolás Pino (SRA), Jorge Chemes (CRA) y Elbio Laucirica (Coninagro).
En efecto, analizaron que con el decreto publicado en el Boletín Oficial, aquellas compañías que lograsen incrementar la producción “serán beneficiarias de un certificado de crédito fiscal transferible aplicable al pago de derechos de exportación de productos hidrocarburíferos”.
“Así, no tendrán que pagar retenciones por la exportación de trigo, maíz, poroto, aceite y harina de soja. En definitiva, todos aquellos granos que se reciben en operaciones de canje por insumos agropecuarios como gasoil, lubricantes, entre otros, y que luego son exportados estarán, en la práctica, exentas de derechos de exportación”, explicaron.
Según precisó la Comisión de Enlace, los propios considerandos de la resolución oficial reconocen el perjuicio que sufre la agroindustria al pagar tributos más elevados que otros rubros de la economía. Así, los dirigentes citaron el siguiente párrafo: ¨Esta medida promueve e incentiva la actividad agraria y las economías regionales y motoriza la exportación al permitir la monetización inmediata de un crédito fiscal en la cuantía de sus derechos de exportación, que en esta actividad resultan sustancialmente mayores a los de hidrocarburos”.
“El decreto 722/2021, que discrimina a las exportaciones agropecuarias, es una medida discrecional que impacta en los siguientes productos o mercaderías: trigo; cebada; maíz; sorgo; habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja; aceites de soja, girasol, cártamo y algodón; residuos de la molienda y de la extracción del aceite de soja y de grasas o aceites vegetales; pellets de cáscara de soja y semillas de girasol”, enumeró la mesa de enlace.
También calificaron como “contradictoria” a la resolución, ya que evidencia que las retenciones “son un gravamen distorsivo que quita competitividad a las exportaciones y aliviarlo resulta no ya un incentivo, sino el alivio en un desincentivo”.
Por último, concluyeron: “Un nuevo destrato en una larga lista de decisiones que miran al campo solo al tiempo de recaudar y lo someten a condiciones de desigualdad con otras actividades productivas. Hoy, por decisión del Gobierno, ganaron las petroleras. ¿Mañana quien será? Lo que es seguro es que puede cambiar quién gana, pero siempre perdemos los mismos”.
