El juez Culotta investiga si 11 municipios hicieron acuerdos con la Universidad Nacional de San Martín, que luego habría tercerizado el servicio de multas. La firma investigada niega las acusaciones.
La causa que lleva adelante el juez Luis Armella reúne chats, audios, facturas y transferencias que describen movimientos de dinero desde cuentas en el exterior hacia firmas radicadas en Miami y España.
El extitular de la cartera tenía pendiente la decisión, pero abandonó el cargo esta semana. Los documentos todavía se encuentran en la Inspección General de Justicia.
La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado ya analiza los chats de Fabián Krunfli con Beacon, la ex mano derecha de Toviggino. Se habrían hecho 26 pagos en efectivo en las oficinas de Lavalle 1617.
El titular de Justicia recibió hoy a especialistas en derecho civil y comercial para analizar el caso. Hay especulaciones de que podría abandonar el cargo antes de tomar una decisión. En su equipo niegan esa versión: “Quiere dejar todo ordenado”.
El organismo tiene en la mira a varias empresas que libraron comprobantes millonarios y no tenían empleados, bienes ni actividad compatible con los trabajos declarados.
Los comprobantes detallan transferencias millonarias a Real Central SRL por “servicios de logística” y una referencia al sistema de VAR, con la firma del presunto testaferro Pantano. Los documentos exclusivos de TN.
La Justicia asegura que la Asociación del Fútbol Argentino se resiste a entregar documentación clave para llevar adelante una auditoría.
Presuntos chats, cheques y registros de entregas ubican 26 desembolsos por más de US$5,2 millones entre febrero y mayo de 2022 en Lavalle 1718, piso 4 C. Esa dirección coincide con una de las de Malte SRL, firma que adquirió la propiedad valuada en US$20 millones.
Chats, audios y comprobantes incorporados al expediente reconstruyen la presunta ruta de fondos que habrían sido desviados desde la firma de Farona a empresas fantasmas y luego entregados en efectivo en el país.
La investigación abarca períodos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 e incluye retenciones de IVA, Ganancias y aportes previsionales.
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante tomó la decisión tras la solicitud de Arca. La causa es por la supuesta retención indebida de aportes entre 2024 y 2025.
TN accedió a las supuestas grabaciones entre Juan Pablo Bacon y “Fiño” después de una discusión por la falta de dinero en una entrega. También mencionan un presunto video. Cómo sería la maniobra para desviar los fondos.
Sospechan que pudo haber hecho las veces de “proveedor en las sombras” de otras firmas que ganaban licitaciones reducidas. Colocan el foco en un abogado de la firma. Desde la compañía niegan toda clase de acusación.
La investigación pone la lupa sobre transferencias realizadas a sociedades sin actividad económica clara y sobre el circuito de fondos generados por la Selección Argentina en el exterior.
El juez Sebastián Casanello acusó a la firma de Héctor Martínez Sosa por negociaciones incompatibles y le impuso un embargo superior a $2.800 millones. La resolución también alcanzó a otras seis intermediarias y a un exfuncionario de Olivos.
TN accedió a pruebas que la Justicia ya investiga y a diálogos entre la mano derecha de Toviggino, Juan Pablo Beacon, y un financista. En la supuesta conversación acordarían el pago en efectivo de los fondos a través de la empresa Tourprodenter.
El juez federal Sebastián Casanello también le impuso un embargo de más de 200.000 millones de pesos. El procesamiento también alcanza al exfuncionario Diego Garbellini, al empresario Miguel Ángel Calvete, su hija y a 14 otros acusados.
Chats, facturas y planillas internas reconstruyen un circuito de dinero que parte del exterior, pasa por sociedades fantasma en Miami y termina en entregas de billetes por fuera del sistema bancario. La operatoria involucra a un abogado que estuvo cerca de Toviggino y a un financista que actuaba como intermediario.
Cuestiona la falta de desagregación en gastos, ingresos y flujos de fondos, y pide explicaciones sobre contratos, transferencias fuera del país y el vínculo con sociedades bajo investigación.
