El fiscal Taiano dice tener elementos para asegurar que se trató de un homicidio y espera la desclasificación de documentos de inteligencia para identificar a posibles involucrados.
La expresidenta busca que el máximo tribunal revise la condena en su contra por administración fraudulenta. El máximo tribunal no tiene plazos y podría demorar años.
El órgano de control interno del Poder Ejecutivo investiga la posible cartelización en las contrataciones de servicios, verifica la asistencia de los empleados y analiza de qué forma se eligió a cada compañía.
El Ministerio de Salud de la Nación inició un proceso de “reorganización y eficientización de recursos” tras detectar decenas de irregularidades en la gestión de los centros de salud. Los detalles.
La magistrada Sandra Arroyo Salgado tomó medidas sobre el entorno más íntimo del exsenador y colocó en la mira la firma Edekom. Cerca de la familia del exlegislador niegan que sea una firma fantasma.
La Casa Rosada publicó las primeras licitaciones para comprar los elementos necesarios para cada votación y detalló el listado a comprar en medio del debate en el Congreso para cambiar el sistema electoral.
El Gobierno puso fin al fideicomiso que financiaba proyectos habitacionales en la Argentina. Unas 96 mil viviendas no se terminaron durante la administración de Alberto Fernández.
La ANSES busca que el exvicepresidente reintegre la plata que cobró luego de que la Corte dejó firme su condena en el caso Ciccone y le había pedido a la Procuración del Tesoro que opine sobre la medida. La cifra millonaria que se podría reclamar.
Son datos del Banco Central a los que accedió TN. Se hizo un acuerdo con las casas de moneda de China y Malta. El Ejecutivo asegura que los costos son menores que en la gestión de Alberto Fernández.
Fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron a TN que intentarán detectar dónde y cuándo se tomaron las imágenes. Además, buscan hacer un reconocimiento facial. Patricia Bullrich habló de “pantomima del régimen”. Fernando Soto, dijo que se trató de “una puesta en escena”.
La jueza Arroyo Salgado había pedido que atraviese la investigación por enriquecimiento ilícito en la Argentina. Un magistrado de Paraguay definirá si acepta o no la solicitud. En paralelo el exsenador busca recuperar su banca.
El organismo espera una respuesta de la Procuración del Tesoro para terminar de aceitar los mecanismos por el que exigirá la devolución del dinero. No se descarta una acción de recupero por el fuero de la seguridad social.
Se trata de Peninsular Sudamericana, de la que Daniel González es administrador y director suplente. Además, la compañía busca quedarse con jugosas licitaciones con otras dependencias del Estado Nacional.
El organismo que conduce Alejandro Melik hizo una presentación de 140 páginas en la que enumeró las pruebas contra el Polo Obrero y solicitó elevar el caso a la siguiente etapa. Para la Justicia, la investigación demostró que el partido utilizó de manera irregular el dinero del Estado.
Se trata de Peninsular Sudamericana, de la que Daniel González actualmente es directivo junto con su socia, Adriana Crucitta. La Justicia quiere saber si el exsenador tuvo influencia en la concreción de estos convenios.
TN pudo saber que se realiza un diagnóstico del actual plan de adiestramiento para adaptarlo al decreto que permite actuar ante amenazas terroristas y el control de las fronteras.
Daniel González se presentó ante la fiscalía de Entre Ríos. Tenía una orden de requisa vigente, por lo que las autoridades se quedaron con su teléfono. Los investigadores sospechan que dos sociedades, que están a su nombre, le pertenecen al exlegislador.
El fiscal Ramiro González analizó varios de los convenios firmados durante 2023 y detectó anomalías en el universo de merenderos que recibieron fondos millonarios.
El fiscal Arias accedió a los boletos de compra venta de las unidades que demuestran que la firma Betail, que pertenece al exsenador, adquirió los inmuebles. El destituido legislador no los informó porque nunca presentó las declaraciones juradas de 2022 y 2023.
Arroyo Salgado busca datos de la sociedad Edekom, de la que el exsenador es copropietario. Se trata de una firma de software “fantasma”. El rol clave de un profesional que aprobó balances irregulares.
