El gobierno de Brasil le dio 72 horas a Meta a partir de este viernes para explicar sus políticas sobre verificación de contenidos en el país y exigió que proteja los “derechos fundamentales” de los ciudadanos en sus plataformas.
Ante la “ausencia de transparencia” de Meta, el ejecutivo fijó un plazo de tres días para informar al gobierno brasileño cuál es, de hecho, su política para el país más poblado de América Latina.
El encargado de la defensa legal del Estado, Jorge Messias, advirtió que su oficina adoptará medidas legales y jurídicas si la empresa de Mark Zuckerberg no responde a tiempo a la notificación extrajudicial enviada este viernes, sin precisar cuáles serían las consecuencias de un eventual desacato.
Zuckerberg, fundador y director de Meta, sacudió el mundo de las comunicaciones al anunciar el martes que cesará su programa de fact-checking (verificación de contenidos) en Estados Unidos, un giro radical en sus políticas moderación que se alinea con las prioridades del próximo presidente estadounidense, Donald Trump.
La medida generó preocupación en varios países, incluido Brasil, donde las autoridades libran una batalla contra la desinformación en internet. La fiscalía brasileña ya había fijado el miércoles un plazo de 30 días para que Meta informe si planea implementar los cambios de fact-checking en el país.
La oficina de Lula da Silva indicó que la sorprendente decisión del gigante tecnológico estadounidense fue discutida el viernes en una llamada telefónica entre el presidente y su par francés, Emmanuel Macron.
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Los mandatarios coincidieron en que “la libertad de expresión no significa libertad de difundir mentiras, prejuicios y ofensas”, según un comunicado. Messias también resaltó la “enorme preocupación del gobierno brasileño” al señalar que Meta parece una “veleta, que cambia de posición todo el tiempo según los vientos”.
“Barbarie digital”
Brasil pidió aclaraciones a Meta por el cierre de su programa de verificación de hechos e informaciones, entre otros cambios a los lineamientos de la empresa que pueden afectar la promoción y protección de los derechos fundamentales. El gobierno del país sudamericano está interesado en conocer qué medidas serán tomadas para prevenir la violencia de género, maltrato infantil, racismo, homofobia, discursos de odio y otros temas de derechos humanos.
“La información falsa, la desinformación y los discursos de odio debilitan la confianza en las instituciones democráticas” y “perjudican la participación eficaz de los ciudadanos en los asuntos públicos”, señaló la agencia estatal en el texto.
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El gigante informático, que administra las plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp, publicó el jueves en portugués sus nuevas directrices, incluidas las referidas a género e identidad sexual. De acuerdo a la notificación extrajudicial, los usuarios podrán asociar a las personas LGBTI con “trastornos mentales” y se permitirá la “defensa de limitaciones profesionales basadas en género”. “No vamos a permitir de ninguna forma que esas redes transformen el ambiente en una masacre o barbarie digital”, aseguró Messias.
Brasil también exige saber el nivel de “transparencia” y “diversidad” que se implementará en el nuevo programa de verificaciones hechas por los propios usuarios anunciado por Zuckerberg, siguiendo el ejemplo de X: “El gobierno no va a quedarse de brazos cruzados”.
Las medidas con respecto a Meta fueron tomadas después de una reunión de Lula con su gabinete para evaluar las implicaciones en Brasil. “Todas las empresas que actúan en el país precisan respetar la legislación y la jurisdicción brasileñas”, indicó luego el mandatario en X.
Con información de agencia de noticias AFP.
