Un singular episodio ocurrido en una ciudad española tiene en el centro de la escena a Tinder, la más famosa entre las aplicaciones de citas. Reportes que llegan desde Logroño, al norte de aquel país europeo, dan cuenta de una broma que no terminó de la mejor manera. ¿Qué pasó? Un hombre suplantó la identidad de un compañero de universidad en la mencionada app y desencadenó un conflicto que llegó a la justicia y culminó con una sanción económica.
Un chiste en Tinder que llegó a los tribunales: detalles de un pleito que diluye las barreras entre el mundo digital y el “real”
El ahora condenado, cuya identidad no trascendió, tuvo la siguiente idea: jugarle una broma a un compañero de universidad abriendo un perfil de Tinder en su nombre. Para esto, usó fotografías e información que encontró en el perfil de su amigo en Facebook. De acuerdo a Genbeta, la cuenta falsa en la app de citas estuvo abierta durante varios meses y en ella se mantuvieron conversaciones con unas 40 personas.
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El supuesto usuario de ese perfil en Tinder dijo que no solo se molestó porque alguien usurpó su identidad. En su demanda, dijo que la cuenta en la aplicación de citas afectó a su vida privada porque le trajo problemas con su pareja.
La defensa del “bromista” señaló que las imágenes utilizadas se encontraban publicadas en Facebook, a la vista de casi 900 personas y que, en tanto, no se violó la privacidad del reclamante. Además, el demandado aseguró que su intención fue hacer un chiste, sin ánimos de causar daños, y que pidió las debidas disculpas. No alcanzó.
La justicia rechazó las explicaciones de la defensa. Tanto el juzgado de primera instancia de Logroño como la Audiencia Provincial de la Rioja, España, desestimaron los argumentos mencionados, indicando que el hecho de que una foto esté publicada en una red social abierta no permite su uso no consentido, para otros fines. En ese sentido, concluyeron que afectaron a la persona suplantada.
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“Que una persona publique fotografías en una red social no la convierte en pública, ni permite su uso para fines no autorizados”, observó al respecto el magistrado Rafael Yangüela, quien dictó la sentencia.
¿Cómo culminó este pleito? El demandado deberá pagar una multa de 3.000 euros más intereses en concepto de daños y perjuicios.
