La reciente filtración de 5,7 millones de fotos de licencias de conducir de ciudadanos de todo el país, volvió a dejar expuesta la vulnerabilidad de los sistemas de los organismos del Estado.
Casos como este tienen graves consecuencias en lo que refiere a la protección de datos privados, estafas digitales y ciberdelitos como suplantación de identidad.
Leé también: Filtración de datos del Renaper: la palabra del organismo
“Para las personas el impacto es altísimo, ya que se ven afectados en un derecho fundamental, el de la protección de sus datos personales”, explicó a TN Tecno David Regairaz, abogado especialista en ciberseguridad y protección de datos.
Cuando un ciberdelincuente logra ingresar a una base de datos, roba la información y la publica, el mayor problema es la incertidumbre. Una vez que los datos se hacen públicos, es casi imposible saber hasta dónde llega la filtración y cuántas personas tuvieron acceso a los archivos hackeados: “Nada garantiza que esos datos no hayan sido transferidos entre personas. Y en este contexto, la información robada puede ser utilizada para realizar otros delitos (y de ahí su valor en el mercado negro), como estafas con suplantación de identidad, engaños virtuales y hasta el endeudamiento de las personas sin su conocimiento, la contratación de servicios y la creación de cuentas bancarias, por ejemplo”, afirmó el abogado.
Cómo afectan al Estado las filtraciones de datos de los ciudadanos
“Desde el aspecto normativo y de responsabilidad, las consecuencias para el Estado son prácticamente nulas, ya que la legislación sobre este tema es escasa y desactualizada en el país”, expresó Regairaz.
Por otra parte, el especialista destacó que el costo reputacional que normalmente producen estos incidentes posiblemente sea muy bajo debido a la falta de conocimiento y concientización de la ciudadanía en general sobre estos temas.
Regairaz agregó que ni un solo organismo público en el país cuenta con un Delegado de Protección de Datos (DPD): “Es necesario designar un DPD (Delegados de Protección de Datos) o DPO (Data Protection Officer), especialista en protección de datos con conocimientos amplios sobre seguridad de la información, ciberseguridad y de nuevas tecnologías, que actúa como nexo entre la organización y el ente de control y que se encargue de implementar sistemas y programas progresivos para la protección de datos personales”, explicó.
Por último, el especialista advirtió: “Es urgente también el dictado de normas que determinen medidas de seguridad mínimas que los organismos públicos deban implementar y, por otro lado, que además se controle su cumplimiento asiduamente”.
