El Parlamento francés aprobó una ley para regular la actividad de los influencers. La normativa tiene el objetivo de controlar y frenar la promoción de productos y tendencias que puedan ser peligrosos.
La nueva norma busca, además, combatir los abusos de algunas estrellas de las redes sociales, acusados de fraude y difusión de remedios no regulados por las autoridades de salud.
Leé también: Estos son los 10 influencers argentinos más vistos en TikTok
Se calcula que actualmente hay unos 150.000 influencers en Francia. Muchos, ya han recibido críticas y han sido objeto de denuncias colectivas por comunicar servicios relacionados con estafas y productos nocivos para la salud.
“La ley de la jungla se ha acabado”, declaró el diputado socialista Arthur Delaporte, uno de los impulsores de la ley. Y agregó que la normativa protegerá a los consumidores, sobre todo a los más jóvenes, de las acciones de los “influladrones”, término con el que empezó a llamarse a este tipo de creadores de contenido.
La ley, en concreto, propone definir legalmente a los influencers, prohíbe la divulgación de prácticas como la cirugía estética y prohíbe o limita la promoción de varios dispositivos médicos.
Además, los creadores de contenido no podrán promocionar suscripciones a apuestas deportivas y la publicidad de juegos de azar quedará limitada a las plataformas con medios técnicos para evitar que los menores puedan acceder.
La norma aprobada prohíbe que, en las publicaciones en redes sociales, se usen animales cuya posesión sea ilegal.
Por último, en cada contenido los influencers deberán aclarar si las fotos publicadas han sido modificadas o retocadas con herramientas de edición digital.
Cuáles serán las penas y multas a los influencers
Las penas previstas en caso de infracción serán de hasta dos años de cárcel y 300.000 euros (aproximadamente 322.000 dólares) de multa.
Leé también: Una influencer argentina fue a un boliche porno-fetichista en Alemania y contó su impactante experiencia
Teniendo en cuenta que muchos influencers franceses trabajan desde el extranjero (en Dubái o Andorra, por ejemplo), el texto quiere obligar a quienes operen desde fuera de la Unión Europea a contratar un seguro civil dentro de la Unión. Así, se pretende crear un fondo para indemnizar a potenciales víctimas.
