La Unión Europea (UE) avanza en su plan para obligar a los fabricantes de dispositivos electrónicos a ofrecer precisiones sobre la vida útil de los productos, además facilitar la reparación y reutilización de los mismos. En ese marco, el Parlamento Europeo aprobó el denominado “derecho a reparar”, que establece una serie de normas a las que deberá ajustarse la industria y que se mueven en el sentido opuesto a la obsolescencia programada y no informada.
La aprobación se confirmó con 395 votos a favor, 94 en contra y 207 abstenciones.
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Con esta movida, la UE responde a un reclamo de larga data en el viejo continente. Según una encuesta realizada en 2014 por aquel organismo, el 77% de los europeos considera que los fabricantes deberían estar legalmente obligados a facilitar la reparación y/o el reemplazo de componentes.
Matthias Huisken, director legal de iFixit Europa, una organización que ya ofrece un índice similar al que propone el Parlamento, consideró que asistimos a una gran victoria para los consumidores. “Esta votación pondrá en marcha una ola de nuevas políticas favorables a las reparaciones, desde puntajes de reparación en el comercio minorista hasta divulgaciones de longevidad de los productos”, señaló.
Los detalles
El texto aprobado procura que se establezca un etiquetado obligatorio en los dispositivos (similar al energético) que proporcione “información clara, inmediatamente visible y fácil de entender para los consumidores sobre la vida útil estimada y la capacidad de reparación de un producto al momento de la compra”.
Las nuevas normas apuntan a que las reparaciones sean más accesibles a través de la ampliación de garantías generales, así como de las piezas reemplazadas. Además, buscan allanar el acceso a la información por parte de los compradores en cuanto al mantenimiento y posibles reparaciones.
En ese orden, la propuesta apoya a los mercados de segunda mano y a la producción sostenible. Por otra parte, en línea con un pedido que también se ha repetido en los últimos años, piden la adopción de un sistema de carga común para reducir la basura electrónica.
Siguiendo a The Verge, la resolución también propone una mayor disponibilidad de instrucciones de reparación y repuestos tanto para talleres independientes a las compañías como para consumidores.
Francia, el abanderado
El país galo es el primero que introducirá estos cambios: lo hará a partir de enero de 2021. Entonces, los fabricantes deberán informar a los consumidores sobre la posibilidad de reparar los productos que adquieren. La etiqueta incluirá una escala del 1 al 10, que dará cuenta de ese margen para la reparación. En una primera instancia se usará en computadoras portátiles, smartphones, televisores, lavarropas y cortadoras de césped.
El fracaso de los dispositivos modulares
Hace algunos años la propia industria creó a su propio “enemigo”. Compañías como Google invitaron a la adopción de teléfonos modulares, dispositivos con componentes intercambiables según el deseo y la necesidad del usuario.
¿Por qué decimos que aquella modalidad contradijo los propios intereses de los fabricantes? Una propuesta como aquella, que Google llamó “Proyecto Ara”, achicaba el margen de la obsolescencia y, en tanto, estiraba la vida útil de los dispositivos. Por ejemplo, si un componente del celular se rompe sería posible cambiarlo sin tener que desechar el equipo y comprar uno nuevo. Otro ejemplo: si el usuario quisiera mejorar algún componente (por caso la cámara o tener una batería con más autonomía) también podría comprar únicamente ese repuesto en lugar de un smartphone completo.
No ahondaremos aquí en las razones, pero esos proyectos no se consolidaron en el mercado: la cruzada era demasiado atractiva (de cara a los usuarios) para ser cierta. Ahora, la movida de la UE puede traer una suerte de revancha para los que luchan contra la obsolescencia.
