La compañía se presentó ante la Secretaría de Trabajo y pidió una serie de medidas para su personal, como el retiro voluntario y el cobro de los almuerzos.
Jorge Barraguirre dejó en manos de la Corte Suprema provincial la decisión final y desechó lo planteos de Commodities SA.
La situación de Algodonera Avellaneda generó incertidumbre por la posible paralización de operaciones, en medio de la recesión y la apertura de importaciones que afectan al sector.
El máximo tribunal provincial aceptó un recurso de queja “por inconstitucionalidad” interpuesto por un grupo de acreedores. Desde la firma de Reconquista aseguran que la caja de la empresa no soporta más demoras.
El recurso fue presentado por acreedores granarios y pone en riesgo el acuerdo de pago que en marzo había aceptado la Cámara de Apelaciones de Reconquista.
Un grupo de 71 empresas denunció en una solicitada las maniobras ejercidas sobre la Justicia por sectores vinculados a la agroexportadora en default. Los acusan de intentar homologar una propuesta previamente rechazada.
Solicitaron que habilite la propuesta de pagos aprobada hace dos años por la mayoría de los acreedores. Advirtieron que la demora afecta a la cerealera, a los pequeños productores y a toda la red de proveedores.
La decisión del magistrado se conoció tras una audiencia celebrada este miércoles. En tanto, la homologación del acuerdo con acreedores sigue pendiente por medidas cautelares en la justicia penal de Rosario.
La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad santafesina de Reconquista rechazó el planteo de Commodities S.A. Se espera el levantamiento de cautelares para comenzar a saldar la deuda.
El máximo tribunal dictaminó en contra del organismo nacional en una causa sobre el cobro de tributos. Resolvió a favor de la agroexportadora en relación con el impuesto a las ganancias sobre exportaciones.
El fiscal de la Cámara de Apelaciones N° 1, Miguel Ángel Molinari, denegó la solicitud de Commodities SA, del grupo Grassi, para declarar ilegal el fallo que validó el procedimiento concursal de la agroexportadora.
El juez federal de Reconquista imputó a 14 funcionarios de la compañía por facturas truchas y ordenó inhibiciones. La empresa habría obtenido de manera indebida más de $100 millones. Los acusados podrán continuar en libertad bajo fianza.
El Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, rechazó el reclamo de la agroexportadora y destacó el papel crucial de los interventores.
La empresa agroexportadora presentó un recurso legal en rechazo a la decisión del juez Fabián Lorenzini, que prorrogó el control en su administración en el marco del proceso concursal.
En una reciente sentencia, manifestó su inquietud por “la falta de progreso en la recuperación de las deudas pendientes”, manteniendo la posibilidad de realizar ajustes conforme a las circunstancias venideras.
La Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Santa Fe abrió la puerta para la implementación del plan de pagos y la transferencia de titularidad.
Estas acciones forman parte de una investigación que está llevando a cabo el fiscal Miguel Moreno, a cargo de la causa por supuesta asociación ilícita y estafas millonarias contra el ex directorio de la agroexportadora santafesina.
El juez de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, dio lugar a una medida cautelar, bajo el argumento de que la exigencia del organismo recaudador ponía en riesgo los puestos laborales de la cerealera concursada.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, puso en pausa el proceso y resolverá en los próximos 60 días la homologación o no del acuerdo de pago avalado por la mayoría de los acreedores.
La cámara de agroexportadores se sumó a la inquietud de empresarios santafesinos sobre el fallo que habilitó el cramdown. “Se ruega a las autoridares nacionales y provinciales no politizar las decisiones judiciales”, plantearon.
