Varios demandantes con fallos a favor en la justicia de EEUU por deudas en default y la nacionalización de YPF reclaman datos sobre las reservas que el Gobierno envió al exterior.
Un grupo de fondos buitre presentaron ante la jueza Loretta Preska un nuevo reclamo contra el país por US$1300 millones en la causa llamada “Cupón PBI” que investiga la distorsión de estadísticas públicas durante el kirchnerismo.
Los abogados del país enviaron una carta a la jueza Loretta Preska luego de que la Corte de Apelaciones ratificó el fallo que autorizaba a fondos de inversión a embargar bonos soberanos.
Ratificó el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska que permite a un grupo de holdouts intentar embargar una cantidad de bonos estadounidenses que la Argentina tiene en su poder. La decisión se suma a otras similares por la expropiación de Aerolíneas y la crisis de 2001.
Luego de fallar contra la Argentina por el default de deuda en 2001, la jueza Loretta Preska fijó reuniones para el 27 de agosto y el 3 de septiembre.
La jueza Loretta Preska consideró que la petrolera es “lo mismo” que el Estado y el Banco Central. Le reclamó al país que entregue información de los últimos dos años para probar su relación.
El país tiene que pagar US$16.000 millones por la expropiación realizada en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner. El Gobierno buscaba postergar la posibilidad de embargos.
La jueza Preska confirmó que el 10 de enero se mantuvo como la fecha para que se presenten las garantías. Los demandantes podrán solicitar activos en ese país o en el resto del mundo.
El gobierno argentino presentó un escrito a la Corte del Distrito Sur de Nueva York en el que solicitó que no se reconozca el 10 de enero como el momento límite para presentar garantías.
Los fondos que reclamaban por el pago del bono que ajustaba por crecimiento en 2013 decidieron sumar más años a su presentación. Además, pidieron incluir como beneficiario del eventual fallo a cualquier tenedor del título, aun si no inició acciones legales.
Tras el fallo adverso, el país debería depositar una garantía por US$16.100 millones si pretende apelar y no estar sujeta a embargos de bienes. El Estado argumentó que no tiene capacidad financiera ni recursos para hacerlo, pero los demandantes no le creen y sugirieron a la jueza que se usen las acciones de la petrolera.
Al filo del plazo que el país tenía para justificar su reclamo, los abogados presentaron un escrito ante la jueza de Nueva York Loretta Preska. El Gobierno está obligado a pagar US$16.100 millones por el fallo adverso.
La jueza Loretta Preska aplazó las fechas de presentación de argumentos por parte del Estado hasta un mes después del inicio del nuevo mandato presidencial.
