
Una agroindustria santafesina, entre la reactivación y el conflicto
Algodonera Avellaneda inició tareas de mantenimiento y prevé volver a producir, pero enfrenta fuertes cuestionamientos sindicales.

Algodonera Avellaneda inició tareas de mantenimiento y prevé volver a producir, pero enfrenta fuertes cuestionamientos sindicales.

Algodonera Avellaneda, recibió 30 días hábiles más por parte del juez Fabián Lorenzini para reunir las mayorías necesarias en el concurso de acreedores, en medio de deudas millonarias y salarios impagos.

Tras la homologación del acuerdo concursal, se efectivizaron los primeros anticipos financieros a 664 firmas la mitad del total, mientras se reactiva la operatoria agroindustrial y la evaluación de las unidades de negocio.

Mariano Grassi expresó entusiasmo y transmitió tranquilidad a la comunidad de Reconquista luego de que el juez Lorenzini homologara el acuerdo que transfiere el control total de la agroexportadora tras seis años del mayor default privado de la historia argentina.

Una audiencia abierta y cargada de tensión expuso la gravedad del conflicto que mantiene paralizada a la industria textil en Reconquista. Afecta a 366 trabajadores afectados, desde septiembre y el futuro está atado a decisiones urgentes de la Justicia, la empresa y los acreedores.

La corredora rosarina Grassi respondió ante el juez Lorenzini las impugnaciones de Molinos Agro y Dreyfus. Las acusa de buscar la quiebra de la agroexportadora y defiende las mayorías alcanzadas en el cramdown.

El planteo de los trabajadores de Algodonera Avellaneda volvió a instalar la discusión sobre el parate, falta de diálogo con la empresa. Hay una audiencia judicial prevista para el 5 de diciembre.

El consorcio conformado por ambas empresas informó que ya consiguieron los apoyos necesarios de las personas físicas y de capital, para avanzar con el control de la compañía en el proceso de “cramdown”. Compite con el Grupo Grassi, que también comunicó que cuenta con los avales requeridos.

Molinos Agro y Louis Dreyfus Company recibieron la adhesión de la Unión Agrícola Avellaneda, que respaldó su propuesta conjunta en el concurso preventivo. Y Grassi sumaría el respaldo de Bunge y Cargill.

El juez de Reconquista extendió hasta abril de 2026 la gestión judicial de la firma, en medio del proceso de salvataje y con ofertas de compra de activos en análisis.

Cada oferente depositó $1100 millones para demostrar seriedad y ahora esperan el informe técnico que definirá quién avanzará en la adquisición.

La aceitera apuntó a Commodities SA y a Mariano Grassi de obstruir el acuerdo para tomar el control de la compañía, mientras que el empresario defendió su actuación, alegando irregularidades en los balances de la agroexportadora.

La situación de Algodonera Avellaneda generó incertidumbre por la posible paralización de operaciones, en medio de la recesión y la apertura de importaciones que afectan al sector.

El recurso fue presentado por acreedores granarios y pone en riesgo el acuerdo de pago que en marzo había aceptado la Cámara de Apelaciones de Reconquista.

La decisión del magistrado se conoció tras una audiencia celebrada este miércoles. En tanto, la homologación del acuerdo con acreedores sigue pendiente por medidas cautelares en la justicia penal de Rosario.

El Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, rechazó el reclamo de la agroexportadora y destacó el papel crucial de los interventores.

La empresa agroexportadora presentó un recurso legal en rechazo a la decisión del juez Fabián Lorenzini, que prorrogó el control en su administración en el marco del proceso concursal.

En una reciente sentencia, manifestó su inquietud por “la falta de progreso en la recuperación de las deudas pendientes”, manteniendo la posibilidad de realizar ajustes conforme a las circunstancias venideras.

La Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Santa Fe abrió la puerta para la implementación del plan de pagos y la transferencia de titularidad.

La cámara de agroexportadores se sumó a la inquietud de empresarios santafesinos sobre el fallo que habilitó el cramdown. “Se ruega a las autoridares nacionales y provinciales no politizar las decisiones judiciales”, plantearon.