La corredora rosarina Grassi respondió ante el juez Lorenzini las impugnaciones de Molinos Agro y Dreyfus. Las acusa de buscar la quiebra de la agroexportadora y defiende las mayorías alcanzadas en el cramdown.
El planteo de los trabajadores de Algodonera Avellaneda volvió a instalar la discusión sobre el parate, falta de diálogo con la empresa. Hay una audiencia judicial prevista para el 5 de diciembre.
El consorcio conformado por ambas empresas informó que ya consiguieron los apoyos necesarios de las personas físicas y de capital, para avanzar con el control de la compañía en el proceso de “cramdown”. Compite con el Grupo Grassi, que también comunicó que cuenta con los avales requeridos.
Molinos Agro y Louis Dreyfus Company recibieron la adhesión de la Unión Agrícola Avellaneda, que respaldó su propuesta conjunta en el concurso preventivo. Y Grassi sumaría el respaldo de Bunge y Cargill.
El juez de Reconquista extendió hasta abril de 2026 la gestión judicial de la firma, en medio del proceso de salvataje y con ofertas de compra de activos en análisis.
Cada oferente depositó $1100 millones para demostrar seriedad y ahora esperan el informe técnico que definirá quién avanzará en la adquisición.
La aceitera apuntó a Commodities SA y a Mariano Grassi de obstruir el acuerdo para tomar el control de la compañía, mientras que el empresario defendió su actuación, alegando irregularidades en los balances de la agroexportadora.
La situación de Algodonera Avellaneda generó incertidumbre por la posible paralización de operaciones, en medio de la recesión y la apertura de importaciones que afectan al sector.
El recurso fue presentado por acreedores granarios y pone en riesgo el acuerdo de pago que en marzo había aceptado la Cámara de Apelaciones de Reconquista.
La decisión del magistrado se conoció tras una audiencia celebrada este miércoles. En tanto, la homologación del acuerdo con acreedores sigue pendiente por medidas cautelares en la justicia penal de Rosario.
El Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, rechazó el reclamo de la agroexportadora y destacó el papel crucial de los interventores.
La empresa agroexportadora presentó un recurso legal en rechazo a la decisión del juez Fabián Lorenzini, que prorrogó el control en su administración en el marco del proceso concursal.
En una reciente sentencia, manifestó su inquietud por “la falta de progreso en la recuperación de las deudas pendientes”, manteniendo la posibilidad de realizar ajustes conforme a las circunstancias venideras.
La Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Santa Fe abrió la puerta para la implementación del plan de pagos y la transferencia de titularidad.
La cámara de agroexportadores se sumó a la inquietud de empresarios santafesinos sobre el fallo que habilitó el cramdown. “Se ruega a las autoridares nacionales y provinciales no politizar las decisiones judiciales”, plantearon.
Un grupo de trabajadores de la agroexportadora realizaron una movilización para defender sus puestos de trabajo. Expresaron su descontento con la decisión del juez Fabián Lorenzini de no homologar el plan de pagos.
El juez Fabián Lorenzini consideró que el plan de la empresa en default no es satifactorio de modo integral . Ahora, otros interesados pueden presentar otras propuestas. La agroexportadora apelará el fallo.
El magistrado Fabián Lorenzini llamó a comparecencia a la agroexportadora y a los acreedores, para el miércoles 14 de junio. Se determinarán las evidencias a admitir y se ordenarían pruebas para definir la homologación.
El juez Fabián Lorenzini determinó que la cerealera reúne “las conformidades suficientes” y abrió un período de 10 días hábiles para impugnar la propuesta. El Banco Nación, principal acreedor de la firma, se opondrá a la propuesta.
Apuntan a una intervención luego de que en agosto culmine el proceso judicial de verificación de la deuda. En el Banco Nación analizan recusar a Lorenzini.
