Un sector de la Casa Rosada intentará que el proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado, no se trate en Diputados. Otro espacio buscará asegurarse los votos necesarios para sostener un eventual veto. El Presidente quiere dar una primera muestra de estabilidad política tras una serie de derrotas parlamentarias.
El Senado le dio media sanción al proyecto que modifica la regulación de los decretos presidenciales, una ley que en su momento impulsó Cristina Kirchner cuando era legisladora. El Gobierno insistirá con el respaldo de los mandatarios provinciales para evitar una nueva derrota en el Congreso.
Con amplio respaldo, la Cámara Alta dio media sanción a una modificación que obliga a que los Decretos de Necesidad y Urgencia sean ratificados por ambas cámaras en un plazo de 90 días. El oficialismo denuncia un intento de regular de manera restrictiva al Ejecutivo; y la oposición reclama un mayor equilibrio institucional.
Los bloques opositores quieren aprovechar el realineamiento de fuerzas en la Cámara Alta y darle un nuevo golpe al Gobierno. La iniciativa impulsa que los decretos tengan que ser aprobados por ambas cámaras y cambiar la composición de la comisión que los analiza.
Se podrían debatir iniciativas de fondos para el Hospital Garrahan, las universidades y la modificación de la Ley de DNU. Podrían comprometer el déficit cero del Gobierno y forzar un nuevo veto presidencial.
El tribuna rechazó los argumentos del Gobierno, que planteó la incompetencia de la Justicia del trabajo para resolver la causa.
El Presidente había publicado la medida a través de un decreto. Por pedido de la CGT, la jueza Moira Fullana lo anuló.
La jueza Moira Fullana aceptó la cautelar de la central obrera. En su planteo, los líderes sindicales sostuvieron que la medida del Gobierno viola el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de trabajo.
Dalcolmo, del INYM, alertó que la eliminación de regulaciones amenaza a miles de familias productoras y trabajadores.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendió los alcances del DNU del Poder Ejecutivo que autorizó la libre comercialización de analgésicos.
Javier Milei quiere disolver el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que tiene 181 empleados. Además, está analizando suprimir el Instituto Nacional de las Juventudes.
Tras la aprobación del decreto en Diputados, el Presidente demostró que tiene gobernabilidad y, junto con Patricia Bullrich, reafirmó que es capaz de mantener el orden en las calles.
El decreto establece que los fondos provenientes del organismo de crédito serán utilizados para recomprar letras intransferibles del Tesoro Nacional en poder del Banco Central.
En la Casa Rosada sostienen que los lineamientos no están definidos y mantienen la postura de que “todavía lo tienen que revisar las autoridades del Fondo”. Además, reconocen que no cuentan con la certeza de que el FMI les vaya a habilitar el monto que pretenden y buscan preservar la cifra exacta en negociación.
El oficialismo confía en obtener el respaldo clave de los bloques aliados. El senador libertario Juan Carlos Pagotto convocó a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para hoy a las 13:30.
El oficialismo tiene una leve ventaja, pero negocia para sumar a la oposición dialoguista. Luego insistirán en que el debate comience en Diputados, en donde tiene un escenario más favorable.
La medida figura en el Boletín Oficial y ya entró en vigencia. Ahora se enviará al Congreso, que podrá avalarlo o rechazarlo. Todos los detalles.
El Presidente busca evitar un posible rechazo legislativo al entendimiento. Acordar con el organismo que es clave en medio de la creciente sangría de dólares producto de la intervención en los financieros y los viajes de los argentinos al exterior.
Según pudo saber TN, la firma del decreto estaba pedida para el viernes a la noche y se atrasó por una revisión técnica. “Es probable que busquen llevarlo a la Justicia para frenarlo, pero como pasa con la mayoría de las medidas que impulsamos”, dicen en Casa Rosada.
El Congreso deberá avalar o rechazar el DNU de Milei. El organismo multilateral avisó que el visto bueno de la Asamblea Legislativa no es condicionante, pero el Gobierno busca acompañamiento parlamentario. El rol clave de los mandatarios provinciales.
