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En la zona se formaron cordones con efectivos para impedir que vuelvan los vendedores.

El gobernador Ignacio Torres destacó que lograron la liberación del predio de manera pacífica y cuestionó a quienes se “autoperciben pueblos originarios”.

El edificio está ubicado en Olazábal y Superí. “Estoy muy mal. Ni a mi peor enemigo se lo deseo. Llevamos viviendo décadas acá”, lamentó en diálogo con TN una de las mujeres que vivía ahí.

Ocho efectivos sufrieron lesiones y picaduras, según informó la fiscalía que investiga el caso.

Juan José se ocupa de un puesto de diarios por la mañana y hace delivery por la tarde. Tiene miedo de quedarse en la calle tras ser estafado por un abogado que se quedó con la escritura de su departamento. “Ojalá que el Presidente me pueda ayudar”, dijo en diálogo con TN.

El operativo se realizó en la noche del sábado. Un grupo fue trasladado a los Centros de Inclusión Social que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires.

La carpa estaba instalada desde febrero de 2020. Esta tarde mantuvieron una reunión con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Varias cuadras se encuentran cortadas por el operativo que la Policía de la Ciudad desplegó en la zona.

Los propietarios de la vivienda se excusaron con la inquilina, pero no dieron marcha atrás con su postura y generaron polémica.

“Sacarle este club a los chicos es sacarle una parte de su vida y cuando vengan las topadoras me voy a poner al frente, que me maten”, expresó un padre angustiado.

La Policía se encuentra apostada en la calle tratando de realizar el operativo, pero las familias se niegan a abandonar el lugar. Aseguran que no fueron debidamente notificadas.

Habían sido echados por los propietarios ya que prefieren alquilarle a turistas. “No los vamos a dejar en la calle”, sostuvo el funcionario de la localidad de Caviahue.

La Policía de la Ciudad rodeó las casillas y algunos vecinos se resisten a dejar el lugar.

Los agentes avanzaron esta noche sobre la manifestación que se había instalado desde temprano y lograron dispersarla.

Muchos de ellos pagaron millones de pesos por un terreno. Las tierras fueron vendidas ilegalmente por un pastor. Esta mañana, por orden de la Justicia, derribaron las casas con topadoras.

Un tribunal de Lomas de Zamora determinó que se trata de un terreno que pertenece al Estado nacional. Amplio operativo de Gendarmería en el lugar.

Ocurrió en la localidad de Santa Ana, donde el jefe comunal Pablo Castro ordenó sacar a la fuerza de la municipalidad a los representantes de Juntos por el Cambio. La oposición le exigía que mostrara los balances de su gestión.

Tendrá tres días para lo primero y cinco para lo segundo. Una vez cumplidos esos tiempos, el juez resolver la cautelar presentada por la Asociación civil Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional.

Lo dijo Alberto Fernández. “Mientras la excepción siga, tenemos que seguir pensando en un mundo excepcional”, indicó.

Los números todavía no anticipan la masividad de la que hablaban las agrupaciones que representan a los locatarios, pero hay preocupación en los juzgados por la acumulación de demandas sin resolver.