Ocupantes del predio lindero a la Villa 20 que fue tomado la semana pasada en el barrio de Villa Lugano propusieron en la Justicia de la ciudad quedarse en el lugar hasta que una parte del complejo sea saneada de su contaminación. La propuesta fue llevada por el defensor general adjunto porteño, Luis Duacastella, quien representa a los vecinos de la Villa 20, pero fue rechazada por el gobierno de la Ciudad.
Las partes participaron de una audiencia con la jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad Elena Liberatori, quien tiene a su cargo la ejecución de una condena contra el gobierno de Mauricio Macri por la contaminación del predio. El predio es de 10 hectáreas, ubicado en las calles Pola y Fernández de la Cruz, donde funcionaba un depósito de autos de la Policía Federal que la Justicia determinó que está contaminado y condenó al gobierno a remediar la situación.
Duacastella llevó como propuesta de los delegados de la toma quedarse en las cuatro hectáreas del predio que ocupan hasta que el gobierno concrete el saneamiento de las seis hectáreas restantes, para garantizarse la tierra y construir sus viviendas. El procurador general de la ciudad, Julio Conte Grand, rechazó la propuesta y anunció que el próximo viernes presentará el plan de saneamiento del predio y el viernes de la semana siguiente hará lo mismo con un plan de obra habitacional.
La jueza Liberatori indicó que tampoco podía aceptar la ocupación del predio porque podría tratarse de una ilegalidad –hay una causa penal abierta por ese tema– e invitó a las partes a seguir dialogando en una nueva audiencia cuando se lo soliciten. En la audiencia también estuvieron el nuevo defensor del Pueblo de la ciudad, Alejandro Amor, y los legisladores Marcelo Ramal y María Rachid, entre otros. La Comisión de Vivienda de la Legislatura tiene previsto reunirse este viernes para analizar el conflicto por la toma.
El predio lindero a la Villa 20 fue tomado por vecinos del lugar para construir sus casas, en reclamo de una promesa incumplida del gobierno porteño de construir sus viviendas. El juez penal Gabriel Vega ordenó el viernes a la Policía Metropolitana el desalojo del lugar, lo que no se cumplió por la falta de recursos para llevarlo a la práctica.
La magistrada María López Iñiguez reiteró la orden de desalojo, pero la dejó supeditada a la decisión de la Cámara Penal, que tiene que resolver un planteo de la Defensoría respecto a que en la toma no hay delito de usurpación.
