Descubrieron una fosa común con restos de desaparecidos en la dictadura dentro del exArsenal Miguel de Azcuénaga del Ejército, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención y exterminio de la provincia de Tucumán.
La excavación, hecha en el predio castrense, encontró "restos óseos calcinados" así como "cuerpos completos en diferentes posiciones, varios de ellos atados en las extremidades superiores, algunos con presencia de proyectiles de arma de fuego y vainas asociados directamente".
Especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con colaboración del Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán, llevaron adelante esta pericia en el marco de la causa penal 400443/84) que sustancia el juez federal Raúl Daniel Bejas.
"Los cuerpos hallados se encontraban ubicados como cayeron", afirmaron las fuentes y estimaron que "la fosa habría sido de quema atento la presencia de círculos de neumáticos y rastros de combustión en los cuerpos, pero la misma no habría concluido por razones desconocidas".
Hasta el momento se encontraron "restos óseos correspondientes a un mínimo de 15 (quince) individuos esqueletizados parcialmente quemados", además de "elementos asociados a los restos óseos, tales como proyectiles de armas de fuego, restos de ropa y calzado".
Los investigadores judiciales creen que esa tumba colectiva contiene restos de personas secuestradas, muchas de las cuales fueron ejecutadas en persona por el fallecido represor Domingo Bussi, quien solía disparar en la nuca a los prisioneros, y por sus subordinados de la represión ilegal.
Desde 1975, durante el llamado "Operativo Independencia" y la dictadura, en el Arsenal funcionó un campo de concentración y exterminio copiado de los construidos por los nazis durante el III Reich, con barracas para prisioneros, doble alambrada perimetral y torres de vigilancia.
Hasta allí solía ir Bussi y encabezaba algunas ejecuciones sumarísimas de prisioneros con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda: un gendarme arrepentido confió que el entonces gobernador de facto asesinó a la adolescente Ana María Corral, de 16 años.
