La provincia de Tucumán adhirió este jueves a la Ley Micaela, que obliga a todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado a capacitarse en materia de género y violencia contra las mujeres. La Legislatura provincial aprobó el proyecto oficialista que finalmente se impuso ante la postura de un sector que buscaba la sanción de una norma alternativa.
La iniciativa contó con 39 votos a favor y ocho en contra. Quienes se opusieron fueron los legisladores de Fuerza Republicana, el espacio que lidera Ricardo Bussi, y se le unieron Raúl Albarracín y Walter Berarducci, del Partido por la Justicia Social.
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La sesión empezó alrededor de las 10. Afuera del edificio, ubicado en la calle Muñecas 950, se congregaron movimientos feministas a favor de la adhesión a la norma y otros sectores que se manifestaron en contra.
Se espera que el gobernador Juan Manzur promulgue la ley en las próximas horas, ya que se había comprometido a dar ese paso "lo antes posible" para que la norma entre en vigencia en la provincia.
“Hemos aprobado la Ley Micaela por abrumadora mayoría y de esta forma estamos dando cumplimiento a la adhesión que realizaron todas las provincias del país", señaló el presidente de la Legislatura Osvaldo Jaldo.
El funcionario destacó el nivel que tuvo el debate, que duró más de tres horas. "Nos escuchamos respetuosamente antes de votar este importante proyecto", expresó.
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La legisladora Sandra Girado apoyó el proyecto oficialista y señaló: "Resulta indispensable que todas y todos estemos capacitados para entender qué se busca en las luchas feministas. Micaela fue una militante que buscaba una Argentina igualitaria".
Uno de los legisladores que votó en contra fue Raúl Albarracín, quien justificó su posición al señalar que "la Ley Micaela tiene un fin noble pero está cargada de ideología".
Gonzalo Montero, del bloque Justicialista, respondió al planteo: "La mejor manera de erradicar la violencia en combatirla con educación. La ley no es una ideología, sino una herramienta".
Tucumán se convirtió en la última provincia que adhirió a Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La norma lleva el nombre de Micaela García, una joven militante de 21 años que fue asesinada en Gualeguay, Entre Ríos, por un hombre que tenía antecedentes penales por violación.
