A la tragedia de Once se siguen sumando elementos que confluyen en el abandono y los vacios legales que existen en el sistema ferroviario de la Argentina. La nueva arista que se conoció es que TBA tenía contratado un seguro por sólo $2 millones de pesos en caso de un accidente, mientras que, la diferencia que existiese si el monto a pagar era mayor, le correspondería al Gobierno nacional que no contrató un seguro.
Desde el inicio, el problema es complejo ya que no existen pólizas de seguros pensadas para tamaña tragedia como la que dejó 51 muertos y más de 700 heridos. Pero ello se agrava cuando se conoce que TBA, empresa concesionaria del servicio del tren exSarmiento, contaba con una poliza que cubría hasta 2 millones de pesos, tal como establece el contrato firmado con el Estado, según publica el diario La Nación.
Dicho contrato de concesión, rubricado en los '90, sufrió una modificación en plena crisis de 2001 en lo que respecta al esquema de “seguros, garantías y fianza”. Allí TBA y el Estado firmaron un anexo que quedó registrado bajo el decreto 104, que en su artículo 18 detalla cómo sería el esquema.
"El Concesionario [TBA] tomará a su cargo un seguro de responsabilidad civil (...) hasta la finalización de la Concesión, por la suma en moneda argentina de curso legal equivalente a dos millones de dólares estadounidenses por siniestro", expone el artículo 18.2 de ese apéndice que un año después volvió a cambiar ya que el monto se pesificó y pasó a ser el mismo importe pero en moneda local.
Pero ese artículo no finaliza allí y el punto más álgido es el que dice: "Correrá por cuenta del concedente la contratación del seguro y pago del premio respectivo por sobre dicho límite, sin que ello importe modificación de la legislación vigente en materia de responsabilidad civil", lo que significa que será el Estado el que tenga que poner a disposición de los usuarios una póliza de seguros por encima de ese monto.
El problema es que el Estado nunca contrató dicho seguro.
Una de las variables que se analizaría para hacer frente a los centenares de demandas sería la constitución de un fondo que será financiado con los débitos y créditos cruzados entre el Estado y la empresa y cuyo destino será pagar los juicios por venir.
