- Usted fue vicepresidente y gobernador, ¿y hoy se le ocurre decir eso? Mi hijo ya se tiroteó... Usted me viene a decir que quiere desarmar a la gente, cuando estuvo doce años...
- "¡A la gente no, a los delincuentes!", se atajó Scioli. "Yo te respaldo en el tema de las armas, en tu actitud", le aclaró.
El cruce en la mesa de Mirtha Legrand entre Marcelo Salinas, el padre del chico de 13 años que le disparó y mató a un ladrón, y el exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, es sólo una muestra de lo difícil y polémico que es abordar una discusión sobre armas en Argentina. Cuando el ex candidato a presidente dijo que había que desarmar, Salinas lo paró en seco, y Scioli eligió polarizar:
"(No hay que desarmar) a la gente no... a los delincuentes", contestó. Segundos antes había dicho que estaba a favor del desarme.
Pero el caso Salinas no es el único preocupante de los últimos días. Otro chico de la misma edad se suicidó esta semana porque no soportaba el acoso de sus compañeros en la escuela. En ambos casos se perdieron vidas y en los dos se usaron armas de fuego que estaban al alcance de la mano.
El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de fuego que logró retirar de las calles y casas 175 mil armas de fuego estuvo paralizado. Su vigencia acaba de ser prorrogada por el Congreso hasta diciembre del 2017, pero según las organizaciones especializadas, se perdió un año completo. Cuestionan la financiación privada de la agencia que reemplazó al RENAR por "inmoral e ilegal", advierten sobre la falta de inspectores en el país y la eficiencia de los exámenes psicológicos para otorgar los permisos.
Con 9 muertos y de 35 a 40 heridos de bala por día, la cuestión de las armas de fuego empezó a estar en la agenda pública en la última década y dejó de ser un tema escondido bajo la alfombra. ¿Hay que quitarles las armas a los delincuentes pero apoyar que se arme la gente honesta? El debate es complejo y a pesar de que hay legislación y una política de Estado que desalienta el uso de armas de fuego y crea conciencia sobre el peligro de que los particulares se armen, todavía hay circunstancias en que las ideas son confusas.
Las cifras son contundentes. Sólo un 20 por ciento del total de muertes por armas de fuego se da en hechos catalogados como “de inseguridad”. El 80 por ciento restante son producto de discusiones domésticas, peleas territoriales u otras situaciones . Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Lanús da cuenta de que, entre 1990 y 2008, unos 3500 menores de 14 años murieron por disparo de un arma.
NACIDAS PARA MATAR
"Las armas fueron hechas para matar, y las estadísticas mundiales demuestran que usar un arma para defensa no garantiza la seguridad de la víctima. Por el contrario, aumenta las posibilidades de un desenlace fatal. El reclamo de seguridad de la población al Estado es un reclamo absolutamente legítimo, pero tener un arma no es la solución", sostiene Aldana Romano, abogada e integrante de la Red Argentina para el Desarme.
"Tenemos que debatir qué tipo de sociedad queremos. Yo escucho decir que si cuando Martín Ríos le disparó a mi hijo hubiera habido alguien armado, tal vez no se habría escapado. Posiblemente habría matado a otros. No queremos que las cosas se resuelvan a los tiros, al asesino no lo queremos muerto, sino en manos de la Justicia", dice Mónica Bouyssede, madre de Fredy Marcenac, el chico de 18 años que fue asesinado por un tirador en el barrio de Belgrano. Desde entoces es activista por el desarme junto a su marido, Adrián.
La ANMAC, Agencia Nacional de Materiales Controlados, como antes el RENAR, dispone solamente de 20 inspectores para todo el territorio nacional. "Se supone que con ese personal se monitorea la vida útil del arma, desde su fabricación hasta su destrucción. Por ejemplo, se previene el desvío del mercado legal al ilegal de armas, que puede darse incluso desde la fabrica o la armería. Fabricantes, comerciantes, importadores, usuarios. El campo de trabajo de los inspectores es amplio y parece imposible de abarcar con tan poco personal", advierte Romano.
"Se está trabajando en la capacitación de nuestros inspectores e incorporando tecnología para nuevos mecanismos de inspección", alega Natalia Gambaro, directora de la ANMAC, sin dar números. "Es positiva la digitalización, pero no es suficiente. Para que sea útil se precisan más recursos humanos, más compromiso del Estado”, objetan desde la Red.
DENUNCIAS Y DESPIDOS
La creación de la ANMAC, la nueva agencia, por la ley 27192 en octubre de 2015, generó expectativas. Mónica es muy crítica de la última etapa de la gestión del gobierno kirchnerista en el RENAR, enturbiada por denuncias sobre robo de armas y gestión irregular de permisos, pero también tiene objeciones para la actual.
"En la nueva gestión no vemos una convocatoria a la sociedad civil, al consejo consultivo formado por organizaciones no gubernamentales y expertos ", se lamenta. " También echaron a técnicos con trayectoria y experiencia y sólida formación en recepción y destrucción", agrega su esposo.
"La ley de creación de la ANMAC crea un porcentaje de recursos para tareas de investigación y concientización. Es importante que se cumpla, porque el desarme requiere mucho esfuerzo de comunicación, se necesita el apoyo del Estado", demanda.
FINANCIAMIENTO PRIVADO, OTRA POLÉMICA
Uno de los cuestionamientos principales al RENAR era su financiamiento por un ente cooperador manejado por AICACYP, la cámara que nuclea a los fabricantes de armas, que tenía a su cargo la venta de formularios y pagaba sueldos. "Era un contrasentido, como poner el zorro a cuidar el gallinero. No había nadie más interesado en que se vendieran más armas que ellos. El 80 por ciento de los salarios de los empleados del RENAR, el organismo de control, era pagado por los fabricantes de armas", recuerda la abogada de la Red.
Las cosas cambiaron con la creación de la ANMAC, pero no en el sentido esperado. A partir del 27 de julio pasado, hay un convenio firmado por seis años con otro ente cooperador. El rol desempeñado antes por AICACYP es ahora el de ACARA, la cámara de concesionarios de autos. Las organizaciones involucradas en la política de desarme no fueron consultadas ni informadas.
Según Romano, se trata del mismo perro con otro collar. "Nuestro problema no era solamente que se tratara de los fabricantes de armas, sino que era un privado", sostiene. Según dijo el ministro de Justicia Germán Garavano en una reunión con ONGs, el organismo tiene que ser autosustentable. "De hecho, no tiene un renglón en el presupuesto nacional -señala Romano-. Y esto va en contra del espíritu de su creación. La ANMAC no tiene que estar formada por empleados privados sino por funcionarios públicos. Es la forma de darle estatalidad. No se puede poner el control de armas y explosivos en manos de un privado".
Para Adrián Marcenac, el sistema por el que se financia el organismo "puede ser legal, pero es inmoral". "Para nosotros es totalmente ilegal”, asegura en cambio la abogada de la Red, "porque la ley que lo permitía fue derogada". "Además, el organismo financiado de esta manera se transforma en una caja negra, porque no puede ser auditado por la Auditoría General de la Nación. Esto no es incompatible con los objetivos de transparencia del gobierno, y estamos analizando hacer una denuncia", señala.
Otro de los problemas a resolver es la cuestión de los certificados de aptitud psicofísica para la tenencia y portación de los usuarios legítimos.
Antes del caso Marcenac y de la sanción de la ley de emergencia 26.216, un solo profesional firmaba el certificado. Podía ser incluso un ginecólogo, un oftalmólogo . “Ahora participan dos, un médico y un psicólogo. Pero en el caso de los psicólogos no hay un protocolo. Nadie establece la cantidad de entrevistas necesarias, que deberían ser por lo menos dos o tres”, sostiene Marcenac.
"Los psicólogos nos dicen que es imposible prever de qué manera puede reaccionar una persona en una situación de peligro o stress y llegaron a explicarnos que nadie es apto para manejar armas”, agrega Aldana. “Se han dado casos en que un mismo psicólogo firmó 15 aptos el mismo día, lo que es imposible. Por eso, aunque sabemos que no se trata de un diagnóstico infalible, estamos trabajando en un protocolo y tal vez en un registro, para que el profesional se haga responsable de lo que firma", indica Marcenac.
UN PLAN EXITOSO PERO CONGELADO
El Plan Voluntario de Entrega de Armas se inició con la ley de emergencia en 2007, precisamente después del asesinato de Fredy. Los objetivos fueron la disminución del uso de armas, la reducción de accidentes, de hechos violentos y delitos, la sensibilización acerca de los riesgos de tener un arma y la promoción de una cultura del no uso y tenencia.
175 mil armas fueron recibidas por el Estado para su destrucción a través de un plan ejecutado durante ocho años en todo el país por el Registro Nacional de Armas, RENAR, en el que se amnistiaba a los tenedores irregulares y se les pagaba un monto de dinero por cada arma entregada. Se recibieron desde modernas armas automáticas hasta vetustos pistolones.
"El programa fue un éxito durante los primeros años- asegura Aldana-. Luego hubo una meseta y cierta reactivación en 2015, el último año. La clave de la eficacia es hacer un trabajo previo en iglesias, escuelas, clubes, y llegar con móviles receptores adonde no hay delegaciones del ex RENAR".
Las críticas previas a la implementación del programa fueron muchas. Se sostenía, por ejemplo, que las armas entregadas podían haber intervenido en un ilícito y que eso no se investigaba.
"Las armas que tenían algún pedido de secuestro dentro del sistema no se destruían, se reservaban sin decírselo a la persona que la traía, para entregársela al juez de instrucción. De las 105 mil que se recibidas en una etapa inicial, sólo 200 tenían algún pedido y la mayoría era por el robo del arma legal en si, no por su uso en un delito. Si un arma había participado en un hecho concreto, seguramente no iba a ser entregada al programa. Hay muchas otras formas de hacerla desaparecer", alega Adrián Marcenac.
El sitio web de la ANMAC advierte que el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, se encuentra suspendido hasta nuevo aviso. "En las primeras reuniones, la nueva directora de la agencia, Natalia Gambaro, nos pidió tiempo, porque tenían que hacer un inventario para reanudar el programa de entrega. Durante todo este año, estuvo paralizado, nadie pudo entregar un arma. No se quitó de la calle ni una sola por esta vía", informa Adrián.
Según Aldana Romano, la sanción reciente de una prórroga del programa en el Congreso hasta diciembre del 2017 no contempla el hecho de que se perdió un año. "El plan tendrá que ser renovado otra vez el año que viene", señala.
"Hicimos el inventario, que dio como resultado 28.471 armas en nuestro poder. Estamos trabajando en la reglamentación del programa para reanudarlo", alega la titular de la ANMAC. "En agosto de este año se destruyeron 25 mil armas de fuego y estamos planificando otra de 15 mil más para diciembre", informa. Además, afirma que el organismo está trabajando en campañas de prevención y concientización sobre el riesgo de tener un arma en el hogar.
En dos depósitos de La Plata, Telenoche descubrió por lo menos 15 mil armas de distinto tipo secuestradas en operativos durante los últimos 15 años que no habían sido destruidas por el RENAR. La mayor parte de ellas se ve oxidada, húmeda o está desarmada. Según el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, se iniciará el proceso de destrucción para evitar que se reciclen.
