El colectivo Actrices Argentinas denunció públicamente a Diego Pimentel, exdirector del Centro Cultural San Martín. Lo acusaron de haber acosado sexualmente de Anahí de la Fuente, una exempleada del área de comunicación, que participó de la conferencia de prensa de este jueves por la tarde. Durante su exposición, las actrices también se adhirieron a otras causas y exigieron que se implemente la Ley Micaela.
Fue sancionada por el Senado el 19 de diciembre de 2018 y promulgada el 10 de enero de este año por el Gobierno, a través del Boletín Oficial, para obligar a todos los funcionarios públicos a capacitarse en temática de género y violencia contra las mujeres. El pedido de las actrices se encuadra en que el denunciado, Pimentel, se desempeñaba como director del San Martín cuando fue acusado.
Anahí de la Fuente había llegado a trabajar en la institución en junio de 2017, en el área de Comunicación como community manager, pero al poco tiempo, sus jornadas se volvieron intolerables. "Acoso sexual permanente", era lo que Anahí -además maquilladora profesional y perfomer- sufría a diario de parte de su jefe.
Qué es la Ley Micaela
Lleva el nombre de la joven Micaela García, de 21 años, asesinada en 2017 en la ciudad de Gualeguay, en Entre Ríos, por un hombre con antecedentes de violación que había sido liberado por la Justicia. El autor del brutal femicidio, Sebastián Wagner, había sido condenado a nueve años de prisión, pero había salido en libertad condicional por orden del juez Carlos Rossi.
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La Ley Micaela trata del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las mujeres. Tiene por objetivo "capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado" para que den cumplimiento a los deberes asumidos por la Argentina como Nación signataria de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
La capacitación de las máximas autoridades de los tres poderes está a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su página web, brinda acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los organismos.
La ley hace obligatorio cursar y aprobar cada año una capacitación en gestión con perspectiva de género de acuerdo con contenidos curriculares mínimos.
// Quién es Diego Pimentel, el exfuncionario denunciado por Anahí de la Fuente por acoso sexual
El debate para que el proyecto sea sancionado en el Congreso había sido impulsado luego de la denuncia realizada por el propio colectivo de actrices que acompañó a Thelma Fardin, cuando acusó al actor Juan Darthés por abuso sexual. La Cámara de Diputados lo aprobó el 18 de diciembre y el Senado hizo lo propio un día después.
¿Se cumple la ley?
Si bien hubo consensos para que se concrete su implementación lo más rápido posible, en muchos distritos todavía no ocurre y recién algunas provincias anunciaron su adhesión. En el Poder Ejecutivo, se está llevando adelante en forma de cascada, capacitando primero a formadores en cada organismo.
Por su parte, el INAP (Instituo Nacional de la Administración Pública) colabora en ese abordaje brindando su plataforma online con cursos por los que ya pasaron 4000 agentes de la administración pública. Cabe destacar que si bien no es obligatorio para las empresas de capitales estatales, estas podrían sumarse a la iniciativa y así capacitar y prevenir la violencia de genero.
También están invitados los estados provinciales a adherirse. Hasta ahora lo han hecho las provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz, Salta, Chubut, Neuquén, La Rioja, Jujuy y Córdoba, entre otras.
El Poder Judicial ya lleva cumplidas 300 capacitaciones a jueces y juezas y más de 38.000 agentes judiciales a lo largo de todo el país. Este último dato no es menor, ya que la Justicia cumple un rol fundamental en detectar con pruebas si un asesinato en realidad fue un femicidio y así lograr que este flagelo hacia las mujeres pare de una vez y para siempre.