Lulú, la nena de 6 años cuya familia pidió la modificación de sexo recibió su DNI de acuerdo con la identidad de género autopercibida, se convirtió en "el primer caso en el mundo" en que el Estado reconoce este derecho a una menor de edad sin judicializar el trámite.
El acto se hizo en la sede porteña del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y pudo concretarse tras la decisión de las autoridades bonaerenses de rectificar la partida de nacimiento y confeccionar un nuevo Documento Nacional de Identidad para la niña.
"Esta entrega a la madre y su hija es una emoción y tiene que ver con la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de poner en vigencia nuevos derechos y la Convención de los Derechos del Niño", dijo en conferencia de prensa el jefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez.
La madre de la nena agradeció "a todas las personas que confiaron en la identidad de mi hija, en lo que ella sentía y respetaron sus derechos y sus deseos. No es mi deseo el que sea nena, es el deseo de ella, lo único que hice yo fue acompañarla en esta lucha", afirmó.
Los padres estuvieron acompañados por integrantes de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), que movilizaron el trámite para lograr tras dos años de burocracia administrativa la rectificación de identidad de la niña.
El gobierno provincial dispuso esta medida después de que el caso tomara estado público y la madre enviara a la presidenta Cristina Kirchner y al gobernador bonaerense Daniel Scioli una carta pidiendo el cambio de identidad.
El mandatario provincial autorizó el trámite tras respaldarse en la ley de identidad de género que se sancionó el año pasado y establece que las personas transexuales, travestis o transgénero pueden inscribirse con el nombre y el sexo que elijan.
En varias instancias previas se le negó a la madre la rectificación del DNI, con el argumento de que la niña era menor de 14 años y no tenía capacidad de decidir por sí sola.
Sin embargo, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia dejó sin efecto esa argumentación y en un dictamen aseguró que los niños tienen "capacidad progresiva para dar su consentimiento".
