La Auditoría General de la ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad un protocolo que tiene por objeto regular las acciones de prevención e intervención en caso de producirse hechos de violencia de género dentro de ese organismo.
La norma aprobada incluye situaciones de violencia sexual y discriminación basada en el género, orientación sexual e identidad de género que "tengan por objeto o resultado, excluir, restringir, limitar, degradar, ofender o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos, producida a través de cualquier medio de comunicación escrito, audiovisual o digital".
"Todo el personal de la Auditoría que sea víctima de violencia de género deberá recibir asesoramiento y orientación, además de tener derecho a una licencia con goce de haberes", dijeron autoridades del bloque Vamos Juntos de la AGCBA, integrado por Raquel Herrero, Jorge Garayalde, Vicente Rodríguez y Facundo del Gaiso.
De acuerdo con un comunicado oficial, queda comprendida la violencia de género, además del abordaje en aquellos casos donde se manifiesten los distintos tipos de violencia, que pueden ser física, psicológica, sexual, económica y/o simbólica.
A partir de lo estipulado por el Convenio Colectivo de Trabajo, la AGCBA conformará la comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato (CIOT), que tendrá a su cargo la realización de charlas, jornadas, debates y talleres sobre la temática, además de la recepción de consultas, las cuales serán de estricto carácter confidencial. Con posterioridad al asesoramiento brindado por esta comisión, la persona afectada podrá formular una denuncia o solicitar medidas cautelares de protección.
Qué es la Ley Micaela
La decisión va en sintonía con la salida de la "Ley Micaela", sancionada en el Congreso y que propone la creación de un "Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres".
El proyecto establece la capacitación obligatoria para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Mientras que la de las máximas autoridades de los tres poderes estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su página web deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los organismos.
