El fiscal Carlos Rívolo realizó el requerimiento de elevación a juicio de la situación de César Javier Arakaki y Dimas Fernando Ponce, por diferentes episodios ocurridos en la Plaza del Congreso durante las protestas por la ley de reforma previsional que se discutió en la Cámara de Diputados.
Los dos manifestantes están acusados de haber participado en los violentos incidentes del 18 de diciembre pasado en el que un Policía de la Ciudad, Brian Escobar, terminó gravemente herido. El agente sufrió fractura del hueso temporal del cráneo y pérdida de audición del oído izquierdo.
Por este motivo, la fiscalía consideró que deberán responder como coautores penalmente responsables del delito de lesiones en agresión. Además, establecieron que el hecho ocurrió acompañado del delito de intimidación pública y el de atentado contra la autoridad, "éste último agravado por haber sido cometido a mano armada y por reunión de más de tres personas".
El pasado 9 de enero, Ponce se había presentado en los tribunales de federales de Comodoro Py después de que el juez federal Sergio Torres confirmara la orden de arresto, al rechazar un pedido de eximición de prisión que había sido presentado por su defensa.
De acuerdo a la fiscalía, los incidentes generados por los manifestantes provocaron que 151 personas (entre civiles y personal policial) debieran ser asistidas por el SAME, y que terminaron en 146 traslados de heridos con traumatismos (se registraron 80 personas civiles y 66 agentes policiales); y la detención de 69 personas.
Por otro lado, pidieron elevar también la causa contra Dante Héctor Hugo Barisone, el efectivo que en medio de los incidentes atropelló con la motocicleta que tenía asignada a un cartonero sobre la calle Hipólito Yrigoyen, entre Bernado de Irigoyén y Tacuarí a las 18. Según declaró el joven accidentado, ese día ni siquiera participó de la manifestación.
Según la fiscalía, el efectivo abusó de su función como integrante de las fuerzas de seguridad y provocó con su acción "lesiones graves" contra el accidentado. Para los jueces, Barisone "intencionalmente maniobró la motocicleta de la fuerza que conducía para que ésta pasara por encima del cuerpo de Alejandro Gabriel Rosado, de 19 años".
Sebastián Romero, filmado cuando disparaba con una bazuca casera frente al Congreso, todavía está prófugo con pedido de captura internacional.
La fiscal Alejandra Mangano lo imputó por "intimidación pública y resistencia a la autoridad", aunque por el momento no lo pudieron encontrar. Torres había rechazado el planteo del abogado de Romero, que quería garantizar la libertad de su cliente si se presentaba voluntariamente a la Justicia.
