El Gobierno de Holanda reconoció el lunes que ideó el arresto del expiloto de la aerolínea holandesa Transavia Julio Poch en España en 2009 para que las autoridades españolas lo extraditasen a la Argentina, donde fue juzgado y finalmente absuelto por los crímenes de la dictadura argentina (1976-1983).
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Cuando Buenos Aires emitió una orden internacional de arresto contra Poch, que tiene doble nacionalidad holandesa y argentina, el Gobierno de La Haya estaba dispuesto a colaborar, pero no le era posible hacerlo directamente porque Países Bajos no extradita a sus nacionales a Argentina.
Durante una reunión con las autoridades argentinas en 2008 en Amstelveen, cerca de Ámsterdam, un funcionario de la Fiscalía holandesa "sugirió explícitamente la posibilidad de arrestar a Poch en un tercer país", según explicó este lunes el ministro de Justicia, Ferdinand Grapperhaus, en una carta enviada al Parlamento holandés.
Finalmente, el expiloto fue arrestado por la Policía española cuando salió de un avión de Transavia que había pilotado hasta Valencia y, como España sí tiene un tratado de extradición con Argentina, Poch fue enviado de inmediato a Buenos Aires.
Desde allí, el piloto acusó a La Haya de haber dado información a Madrid sobre su paradero y de haberle "traicionado".
Durante todos estos años, el Gobierno sostuvo que Países Bajos solo estuvo indirectamente involucrado en la extradición de Poch a la Argentina y que solo hubo "discusiones sobre la cooperación" con las investigaciones que llevaban a cabo las autoridades de Buenos Aires.
Absuelto en 2017
El antiguo piloto de combate, absuelto en 2017 por un tribunal argentino, estaba acusado de participar en los conocidos como "vuelos de la muerte", en los que opositores a la dictadura eran drogados y arrojados al vacío desde aviones de transporte de la Fuerza Aérea.
Fueron varios de sus compañeros quienes se presentaron como testigos antes el tribunal asegurando que el propio Poch reconoció en su presencia haber participado en dichos vuelos, declaraciones que éste tildó de "mentiras absolutas", pero que sirvieron para convencer en 2009 a las autoridades holandesas para promover su extradición.
Poch exigió disculpas en 2017, cuando volvió a Ámsterdam junto a su familia tras ser absuelto, y reclamó una indemnización por daños y perjuicios a Países Bajos.
Esto llevó al Ministerio de Justicia a encargar una investigación independiente de lo ocurrido, que confirmó este martes que el Gobierno holandés sí estaba detrás de esa maniobra y que hay "documentos" que lo prueban.
