El miércoles, dos proyectos de ley que regulan la gestación solidaria o maternidad subrogada serán presentados en la Cámara de Diputados.
No es la primera vez que se intenta legalizar la práctica. Existía en la redacción original del nuevo Código Civil pero fue eliminada. Su inclusión era promovida por la senadora Laura Montero de la UCR, actualmente vicegobernadora de Mendoza.
Uno de los proyectos corrientes cuenta con el respaldo de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, FALGBT, y la autoría de la diputada Araceli Ferreyra. El otro, de la diputada chaqueña Analía Rach Quiroga, es apoyado por un grupo de ONGs entre las que están Sumate a Dar Vida y la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva.
Ocho estados de los Estados Unidos, algunos de México, India, Israel e Inglaterra son algunos de los países donde la práctica está legislada. Quienes promueven que sea aprobada en la Argentina sostienen como argumento que se da de hecho, que el derecho a procrear es un derecho humano y que no se puede privar de él a parejas de varones homosexuales y a mujeres que por problemas de salud no pueden usar su propio útero para ser madres.
PARECIDOS PERO DIFERENTES
Los dos proyectos coinciden en el carácter no lucrativo de la gestación solidaria y determinan que la práctica deberá ser cubierta por obras sociales, prepagas y que estará incluida en el Plan Médico Obigatorio.
La denominación de esta práctica como vientre de alquiler es rechazada por los promotores de los proyectos y sintetiza todos los peligros de la mercantilización del recurso que utilizan quienes por razones de salud o de género no pueden gestar un hijo en su propio vientre. Se supone que la mujer gestante recibirá una compensación que no irá más allá de gastos médicos, legales y de atención psicológica, indumentaria, alimentación y otras necesidades.
Una de las diferencias centrales entre los dos proyectos es que el presentado por la diputada Ferreyra establece como único requisito para emprender la técnica la firma de un Instrumento de Gestación Solidaria, documento de consentimiento firmado en el centro médico y luego ante escribano público o autoridad sanitaria.
El de autoría de la diputada Rach Quiroga por el contrario, requiere un procedimiento de autorización por parte de la justicia y la participación de un cuerpo interdisciplinario que evalúe a la pareja y a la mujer gestante.
El proyecto apoyado por la FALGBT determina una edad límite de 35 años para ser gestante pero no considera un obstáculo el no haber sido madre antes. En cambio, el de la diputada Rach Quiroga si requiere que la mujer gestante haya tenido hijos antes de prestarse a llevar en su vientre el hijo de otros. Y además, pone un límite de dos veces para cada madre gestante y crea un registro en el Estado para el control .
El proyecto de la diputada Rach Quiroga considera que para que esta técnica sea aprobada, por lo menos uno de los comitentes, como se llama a la pareja que recurre al método, debe aportar sus gametos es decir sus óvulos o espermatozoides, lo que no sucede en el otro proyecto. Los dos proyectos coinciden sin embargo en prohibir terminantemente que sea la gestante la que aporte sus gametos para la concepción.
Uno de los proyectos obliga a la gestante a interrumpir todo contacto con el niño y la pareja luego del parto
Para desalentar el llamado turismo reproductivo, Rach Quiroga cree que es es necesario establecer un requerimiento de nacionalidad, o de residencia previa a la utilización de la práctica de 5 años.
El proyecto de Ferreyra obliga a la gestante a interrumpir todo contacto con el niño y la pareja después del parto, mientras que el de la diputada Rach Quiroga no se refiere a esta cuestión.
Por supuesto, esta restricción no operaría en caso de que la gestante, como sucede en muchos casos, sea pariente o amiga de la pareja que requiere el método para tener un bebé.
Otra de las diferencias es que el proyecto apoyado por la FALGBT determina que durante las primeras 14 semanas cualquiera de las partes puede decidir la interrupción del embarazo. El de la diputada Rach Quiroga requiere que se contrate un seguro de vida para la madre gestante.
El proyecto de Ferreyra es el más estricto de los dos en el mantenimiento del secreto sobre la identidad de la madre gestante o de los donantes de los gametos.
La presentación de los proyectos da el puntapié inicial para discutir una cuestión que genera resistencias y apoyos pero que encara una problemática que definitivamente no se puede ignorar ni posponer.
