La vida de los obstetras José Gigena y Cecilia Ousset dio un giro de 180 grados cuando intervinieron en la cesárea de la nena violada de Tucumán. Los profesionales tuvieron que ser convocados por el Hospital Eva Perón, ya que todo su personal médico se declaró objetor. A pesar de que cumplieron con lo previsto por la ley, ahora un grupo de abogados "provida" los denuncian por homicidio agravado, ya que el bebé murió el viernes. Pero no es el primer amedrentamiento que sufren: a sus hijos los rechazaron de un colegio por "pensar distinto".
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En diálogo con TN, Gigena confirmó que después de llevar a sus chicos a la misma escuela por casi una década, los tuvieron que cambiar porque a uno de ellos le aplicaron el derecho de admisión. "Dijeron que no se adaptaba a las reglas y no lo dejaron matricularse", explicó indignado por la falta de tolerancia que se vive en la provincia.
A su vez, el médico admitió que vive el día a día con mucha preocupación por futuras repercusiones en su familia. Ya que, tanto él como Ousset sufrieron amenazas y hasta un grupo de mujeres con pañuelos celestes -símbolo de los sectores detractores del aborto legal- manifestaron en la puerta de su consultorio privado.
"La denuncia busca amedrentar a la comunidad médica"
Gigena y su esposa fueron denunciados por un grupo de abogados que piden que sean condenados a prisión perpetua por homicidio agravado. Quienes están detrás de este pedido son María Teresa Mockevich, Viviana Matar, Luciana María Colombres, Jorge Javier Ramacciotti, Constanza del Carril, Raul Lezana, Angela Lorna Vittini y Ricardo Miguel Auad.
"No me sorprende la presentación porque viene de grupos autodenominados provida que, en realidad, son antiderechos que intentan avasallar los derechos de otras personas que, como en mi caso, actué en el marco de la ley. El objetivo de todo es generar un amedrentamiento en la comunidad médica para que nadie más se atreva a hacerlo", sostuvo el obstetra en la entrevista con TN.
A pesar de las presiones que sufren tanto él como su mujer, que aunque es objetora decidió auxiliarlo en la cesárea porque "no podía dejarlo solo", Gigena aclaró que tiene la tranquilidad de haber hecho "lo que tenía que hacer". "No hice nada al margen de la ley", argumentó. Y remarcó que le parecía "una locura" que estuvieran circulando rumores sobre un posible pedido de detención.
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En la vereda contraria, los que quedaron en la mira fueron los funcionarios del Ejecutivo provincial. La ministra de Salud, Roxana Chalha, y su secretario Gustavo Vigliocco fueron acusados por la Campaña Nacional por el Aborto Legal y otras organizaciones de haber entorpecido la Interrupción Legal del Embarazo con distintas excusas y falsedades sobre la víctima.
También el gobernador tucumano Juan Manzur fue denunciado por abuso de autoridad por las abogadas Elizabeth Gómez Alcorta y Gabriela Carpineti, junto a otras referentes del Frente Patria Grande.
Por su parte, la diputada Teresita Villavicencio presentó una denuncia contra la fiscal Adriana Giannoni. La funcionaria, sin tener competencia en la causa, envió un oficio pidiendo proteger "la vida desde la concepción" al Sistema de Salud de Tucumán, que la acató. Aunque según el fallo FAL de la Corte Suprema, en casos de embarazo por violación no es necesaria la intervención judicial.
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