Una afeitadora doble hoja es más cara si es rosa. Un dentífrico para niños de "Cars" cuesta $48,80, mientras que el mismo producto con la imagen de Rapunzel se vende a $55. La diferencia de precio es el "Impuesto Rosa", un plus que se paga por comprar productos para mujeres. Los datos surgen de un estudio que hizo recientemente la Fundación Sol de Mamá en los supermercados de Salta, que decidió al Gobierno provincial a sancionar a los negocios y las marcas que cobren de más.
La decisión se basa en que el "Impuesto Rosa" es abusivo hacia las mujeres que tienen que pagar más por un producto que se vende como creado especialmente para ellas cuando la única diferencia es el packaging. Desde los organismos de Defensa al Consumidor provinciales, se apuntó a que estas prácticas representan un trato indigno por una cuestión de género.
Pero el "Impuesto Rosa" no es el único ejemplo de maltrato al consumidor. Tener que esperar mucho tiempo en la puerta de un boliche para que se vea mucha gente o ser rechazado por la vestimenta, que te dejen colgado en el teléfono cuando vas a hacer un reclamo o que al salir del supermercado suenen todas las alarmas y que tengas que aguantar que te revisen y quedar como un chorro en frente de todos. Eso son solo algunos otros ejemplos.
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Ahora te voy a contar otros cinco casos que llegaron a la Justicia para que sepas cúando podés reclamar.
Maltrato
Héctor Cuello fue maltratado por una empleada de la sucursal de una empresa de telefonía móvil cuando pidió que le den el alta a una línea de teléfono. Le hicieron esperar alrededor de una hora. Y según un testigo, la empleada lo trataba de una manera muy cortante y prepotente a pesar de que Cuello trataba de explicarle con paciencia lo que necesitaba. Finalmente, la empleada le dijo que no le podía completar el trámite porque no tenía la fotocopia del documento del titular del aparato. En el juicio, se comprobó que ese requisito no era imprescindible y se condenó a la empresa a pagar una indemnización por violar el trato digno que tienen que brindar a los usuarios.
Sonaron las alarmas
Doña Reorindes, una directora de escuela jubilada de 72 años, fue interceptada por los guardias de seguridad de un supermercado en la localidad de Rivadavia, Mendoza. La acusaron de ladrona porque no había tickeado 1 kilo 66 gramos de carne. Ella se ofreció a pagar y les contó que había sido un error. Pero no escucharon, llamaron a la policía y la señora fue llevada a la comisaría. Luego se sintió mal y hasta tuvo un problema cardíaco. Su hija llevó al supermercado a juicio y en Tribunales detectaron que la caja registradora había estado funcionando mal. Los herederos de la señora (que murió durante la tramitación del juicio) recibieron una indemnización por el mal trato.
Destrucción de tarjeta
Eduardo estaba de vacaciones en Mar del Plata con su mujer y sus nietas cuando tuvo que interrumpir su descanso porque en un supermercado la cajera le retuvo la tarjeta de crédito y su supervisor la destruyó en el momento porque figuraba como robada. La tarjeta estaba en el boletín de inhabilitados por una causa que no le era imputable al usuario y que, ni siquiera, le habían comunicado (le habían robado la tarjeta de recambio al cartero). Sin dinero, la familia tuvo que volver quince días antes. Iniciaron un juicio y ganaron una importante indemnización como resarcimiento.
Aumentos excesivos
La factura del agua de Héctor Saboretti, un jubilado de La Plata, llegó con un aumento del 40 por ciento con respecto a la anterior. Héctor pagó la factura que consideraba excesiva y al mismo tiempo pidió por nota a Aguas Bonaerenses S.A. que le ponga un medidor de agua en la casa. De esa manera, pagaría por lo que realmente había consumido. Aguas Bonaerenses contestó que en ese momento la empresa no estaba obligada a poner medidores y que sólo los colocaba cuando se los pedían los comercios o las industrias. El jubilado inició un demanda y la ganó. Según la Justicia, esto iba en contra del trato digno que se le debe dar a los consumidores ya que si la empresa accedía a instalar el medidor en comercios o empresas pero no en la casa de un jubilado, estaba rompiendo con el “principio de igualdad”. En consecuencia, se obligó a la empresa a poner un medidor del suministro de agua en la casa en cuestión en el término de 72 horas y se ordenó que toda la deuda que se le había acumulado se la facturen en cuotas y al precio del importe mínimo del servicio medido.
Daño moral
En 2001, la Justicia indemnizó con $5000 (más intereses) a Juan T., un usuario de tarjeta de crédito, por el rechazo de la autorización para determinados gastos sin previa intimación ni advertencia. Se le reconoció daño moral por tres rechazos: en un restaurante, en un hotel y en una librería. La Cámara consideró que estos hechos provocaron en el usuario”vergüenza, impotencia y afectación del propio prestigio social al aparecer involucrado en una situación de insuficiencia patrimonial.
