Desde que le hicieron una cesárea a una nena de 11 años violada en Tucumán, los ginecólogos José Gijena y Cecilia Ousset fueron víctimas de una persecución que alcanzó a sus cuatro hijos e hijas.
La víctima de violación había manifestado su voluntad de interrumpir el embarazo, tal como lo establece la ley desde hace un siglo. En Cámara Gesell, había dicho "quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro". Se refería así al violador, pareja de su abuela, que finalmente fue condenado a 18 años de prisión.
// El estremecedor relato de la ginecóloga que le hizo la cesárea a la nena violada en Tucumán
Sin embargo, y a pesar de la decisión de la nena y de su madre, Lucía -como se la conoció en los medios- permaneció internada en el hospital mientras se desarrollaba una puja entre el gobierno provincial, el sistema de salud y la justicia. Recién se le practicó una cesárea a la semana 23.
Desde Tucumán, en conversación telefónica con TN.com.ar el doctor Gijena resumió un año de acoso. "Antes de que se practicara la operación, la fiscal de Homicidios Adriana Giannoni había mandado un oficio al hospital Eva Perón, donde estaba internada la nena, advirtiendo que se abstuvieran de realizar cualquier práctica. Por eso, todo se fue dilatando", recuerda.
Por otro lado, la jueza de familia Valeria Brand intimó a que se realizara la interrupción del embarazo tal como habían pedido Lucía y su familia. "Por eso, se reunió el gobierno provincial, salieron a buscar quién lo hiciera, y me llamaron una noche, a las 9. Accedí a formar un equipo de inmediato. Lo hicimos con mi esposa, una intrumentadora y una anestesióloga que vino de otro hospital porque curiosamente todo el personal se declaró objetor de conciencia, algo totalmente insólito", se queja el médico.
"Fue una cosa espantosa. Lucía ya estaba en la mesa de operaciones y se declararon objetores todos, incluso directora y vicedirectora del hospital- insiste Gijena- Eso no puede ser, alguien tiene que resolver. Ante la amenaza de la fiscal, nadie se quería meter", relata.
A la salida de la sala de operaciones estaban esperando al profesional dos oficiales del ministerio público fiscal pidiéndole sus datos y preguntándole qué había hecho en el quirófano. "Eso es algo totalmente irregular. Les di mi información personal, pero lo que pasa adentro del quirófano es secreto médico", dijo indignado.
La intervención se hizo a fines de febrero, y la beba que nació con 660 gramos permaneció con vida hasta el 9 de marzo. "No tenemos acceso a la historia clínica, de modo que no puedo afirmarlo, pero me llegó información de que no murió como consecuencia de ser prematura, sino por una infección intrahospitalaria", agrega Gijena.
Crónica de una denuncia anuncada
El 11 de marzo de 2019 por la mañana, Gijena recibió la noticia de que había una denuncia contra él y su mujer Cecilia Ousset, por homicidio agravado. La habían presentado seis abogados y dos médicos enrolados en la corriente autodenominada "provida". A la jueza Brand la habían denunciado también por incumplimiento de deberes, ya que había sido intimada por la fiscal para que pusiera un defensor oficial para el feto y no lo había hecho.
A partir de entonces, la condena social para Gijena y Ousset fue desestabilizante. "Para la mitad de la población somos asesinos y para la otra mitad héroes", lamenta el médico. La causa judicial fue avanzando hasta que a fines del año pasado un juez de cámara decidió apartar al juez facundo Maggio, que fue defensor de militares represores y abogado del arzobispado de Tucumán y a la fiscal, que había tomado abiertamente postura contraria durante el debate de la ley de aborto legal.
Las sucesivas apelaciones de la fiscal Giannoni llegaron hasta la Corte Suprema, que convalidó su apartamiento.
"Nosotros no somos neutrales", manifiesta Gijena sobre su postura y la de su pareja con respecto al aborto legal. "Diserté en el Senado y escribí una carta pública al respecto", alega. El matrimonio de médicos está dispuesto a sostener sus creencias a pesar de los ataques, pero la persecución contra sus hijos excede lo que puede tolerar.
"Nuestros cuatro hijos van al mismo colegio católica, el Santa María. En noviembre del 2018, me citó la directora para decirme que como mi hijo de 12 años no se adaptaba a las normas no iba a ser reinscripto. Para él, siempre había sido como su abuela. Iba desde los dos años al mismo colegio, y lo expulsaron claramente por una razón ideológica, aunque le hicieron firmar el libro de disciplina por faltas menores", concluye el ginecólogo.
Según su relato, en la institución, los maestros y maestras eran obligados a ir a las marchas "celestes" y los alumnos a dibujar afiches para salvar "las dos vidas". "A mi hija mayor la obligaron a hacerlos. A otro de mis hijos que puso como condición para ir a una charla en contra de la ILE, que organizaran otra a favor, le respondieron que de ninguna manera iba a escuchar algo así allí. Y a mi nena menor, una compañera le golpeó la cabeza contra la pared para que 'pensara distinto'", enumera.
Las acciones de la escuela generaron depresión en su hijo mayor, que estaba a punto de hacer el viaje de 5to año con sus compañeros.
La decisión de la familia fue sacar a los cuatro estudiantes del colegio y hacer una denuncia en el INADI, que está pronta a convertirse en un dictamen, según las autoridades.
"La hice el año pasado pero todavía no tenemos resultados. Quisimos que nuestros hijos e hijas supieran que estaban respaldados y defendidos, que salvaguardábamos su integridad como padre y madre que somos", explica.
