El caso de la nena violada en Tucumán, que fue sometida a una cesárea después de que se dilatara la aplicación del protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), no solo generó una gran controversia en la provincia sino a nivel nacional. A tal punto que varias organizaciones feministas y de derechos humanos decidieron denunciar a funcionarios del Gobierno local, de la cartera de Salud y de la Justicia por haber obstaculizado el aborto legal, previsto en este tipo de situaciones.
Las abogadas Elizabeth Gómez Alcorta y Gabriela Carpineti, junto a otras referentes del Frente Patria Grande, presentaron una denuncia contra el gobernador tucumano, Juan Manzur; la ministra de Salud provincial, Roxana Chahla; el secretario del Sistema Provincial de Salud, Gustavo Vigliocco; la directora del Hospital Del Este Eva Perón, Elizabeth Ávila; la fiscal Adriana Giannoni; y el ministro público de la Defensa provincial, Washington Navarro Dávila.
Denunciaron al gobernador M... by on Scribd
Consultada por TN.com.ar, la letrada Gómez Alcorta explicó que apuntaron contra estos funcionarios por abuso de autoridad. "Esta denuncia es necesaria porque hubo una embestida muy fuerte para incumplir no solo lo que habilita el Código Penal, sino también el fallo de la Corte Suprema por la doctrina FAL", explicó.
La denuncia fue presentada este miércoles en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires. Como los hechos ocurrieron en Tucumán, es muy probable que la Justicia gire este proceso a dicha provincia.
"Se hizo una atrocidad contra esta criatura. Una nena de 11 años, que fue violada y expresó que quería que le sacaran lo que el viejo le puso adentro. Dejaron por cinco semanas que continuara el embarazo. Es imposible dejar pasar esto, no puede ser gratuito", aseveró la abogada a este medio.
Sin embargo, esta no sería la única acción penal. La Fundación Mujeres X Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir Argentina y Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Tucumán también acusaron a las autoridades provinciales por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos.
Estas agrupaciones focalizaron su denuncia contra la ministra de Salud, su secretario, la directora del hospital y también contra la jefa del servicio de Ginecología, Tatiana Obeid Pedemonte. En el caso de esta última médica, la responsabilizaron ya que su plantel se declaró objetor de conciencia en el momento en que se estaba por concretar la cesárea, cuando deben hacerlo por escrito y con anterioridad. Además, la diputada tucumana Teresita Villavicencio denunció exclusivamente a la fiscal.
Las abogadas de la víctima ya habían cuestionado el trato y la injerencia de las autoridades en este caso. "La nena estuvo en contacto con el sistema de salud desde hace dos meses y el protocolo de la ILE no se aplicó en tiempo y forma. El Sistema Provincial de Salud (Siprosa) es responsable directo de esto", reclamó la letrada Fernanda Marchese, de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), en diálogo con TN.
En la misma línea, Marchese señaló que tanto la víctima como su familia recibieron presiones para que no se llevara adelante el aborto. Y que hasta las propias autoridades del Siprosa manejaron "información falsa" para dilatar aún más el proceso, que está contemplado desde 1921 en el Código Penal y está respaldado por el fallo FAL de la Corte Suprema.
