El caso del policía Luis Chocobar, que hace un año mató a un ladrón que había apuñalado a un turista en el barrio porteño de la Boca, derivó en una fuerte discusión sobre los límites del accionar de las fuerzas de seguridad y en la puesta en marcha de un protocolo sobre el uso de armas por parte del ministerio a cargo de Patricia Bullrich.
El hecho ocurrió el 8 de diciembre de 2017, cuando el fotógrafo estadounidense Frank Wolek (55) caminaba por La Boca y poco antes de llegar a la calle Caminito, en Olavarría y Garibaldi, fue sorprendido por dos asaltantes que le robaron su cámara. Uno de ellos lo apuñaló una decena de veces en el pecho y lo dejó gravemente herido.
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Los ladrones salieron corriendo, pero mientras uno logró escapar; el otro, identificado como Juan Pablo Kukoc (18), fue interceptado a tres cuadras, en Irala y Suárez, por dos vecinos que habían visto el ataque y lo retuvieron en el piso.
Poco después llegó al lugar Chocobar (31), efectivo de la Policía local de Avellaneda, que se identificó y, según declaró después, le disparó al delincuente porque pensó que iba a sacar un arma.
Kukoc murió. El otro asaltante, que era menor de edad, fue detenido y la Justicia también ordenó la detención de Chocobar, que días después fue excarcelado.
En enero, el juez de Menores Luis Velázquez procesó al efectivo por "homicidio agravado por uso de arma y en exceso de la legítima defensa" y le trabó un embargo de 400.000 pesos sobre sus bienes.
Cuando se conoció esa medida, el policía recibió el apoyo del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo. A partir de ahí, las aguas se dividieron, tanto en la sociedad como a nivel político. Mientras algunos sostenían que el policía había actuado a derechos, otros aseguraban que era un caso de 'gatillo fácil'.
Luego, llegó la confirmación de la Cámara del Crimen, que modificó la carátula a "homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber", y la Cámara Nacional de Casación Penal también rechazó por "inadmisible" un recurso. Los abogados decidieron recurrir a la Corte Suprema.
El 30 de octubre, el máximo tribunal desestimó por unanimidad un recurso de queja presentado por la defensa del policía, por lo que quedó firme su procesamiento y ahora deberá enfrentar el juicio oral y público, al cabo del cual podría recibir una pena similar a la de un homicidio culposo.
No obstante, un peritaje que se conoció el 5 de noviembre podría beneficiar a Chocobar, ya que reveló que la bala que mató al ladrón primero rebotó en el asfalto, lo que sería indicativo de que no tiró a matar. Además, un nuevo estudio pedido por los abogados del policía refuerza esta hipótesis al especificar que el proyectil sufrió una desviación de trayectoria.
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En medio del debate que genera este caso, el 3 de diciembre el Gobierno puso en marcha un nuevo protocolo para el uso de armas en las fuerzas federales de seguridad que permite a los policías disparar a sospechosos de delitos aún cuando tengan réplicas de armas, intenten escapar tras cometer un hecho o cuando se presuma una alta probabilidad de que puedan provocar graves daños a personas sin estar armados.
Bullrich argumentó que la resolución "va a generar confianza en la defensa de la sociedad" y cambia la antigua doctrina de que los policías "tenían que esperar que el delincuente tire primero" para poder repeler una agresión.
Sin embargo, la decisión generó serios cuestionamientos de todo el arco político, incluso dentro de la propia coalición gobernante, y de organismos defensores de derechos humanos que alertaron que esto podría derivar en los llamados casos de gatillo fácil.
Una de las voces que se escuchó con mayor fuerza fue la de Elisa Carrió. A través de las redes sociales, la diputada aseguró que a Bullrich "se le va la mano", consideró que el protocolo "viola los derechos humanos" y pidió que sea debatido en el Congreso.
// Elisa Carrió propuso que el nuevo protocolo para el uso de armas se debata en el Congreso
Para el año próximo, se espera que la modificación del reglamento tenga su correlato en la reforma del Código penal que impulsa el Gobierno y que debe ser aprobada por el Congreso.
