Dos jóvenes del colegio de la parroquia San José Obrero de Caseros aseguran haber sido víctimas de un cura abusador desde los 10 años. Las chicas denunciaron al sacerdote Carlos José, que renunció a su cargo después de que TN revelara el caso. Sin embargo, el Vaticano consideró que su decisión "no tiene ninguna validez" porque el religioso debe pedir "un procedimiento de pérdida del estado clerical".
"La renuncia implica que el sacerdote no reconoce ninguna autoridad en la Iglesia. No tiene ninguna validez, porque no se pude decir 'me voy'", explicó una fuente de la Santa Sede. El religioso debe pedir lo que antes se denominaba 'reducción al estado laical' y que técnicamente se conoce en la actualidad como la 'pérdida del estado clerical'. La misma fuente aclaró que la renuncia no impide que se le abra un proceso canónico en su contra para investigar los supuestos abusos.
El proceso canónico es realizado por la sección disciplinar de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el dicasterio vaticano más antiguo y encargado de las causas que involucran a sacerdotes en supuestos casos de abusos. El nuevo prefecto del organismo, el español Luis Ladaria Ferrer, está en Argentina desde el domingo. Viajó después de haberse reunido con el papa Francisco.
Las penas, en caso de que la congregación lo encuentre culpable, están contempladas en el canon 1395 del Derecho Canónico. La ley indica que el clérigo que abuse de un menor debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera. Según datos oficiales sobre más de 3200 casos, solo el 25% de los procesos iniciados tienen este desenlace.
En cuanto a la prescripción de los delitos, en el caso de abusos a menores, es de 20 años, y el plazo comienza a correr cuando la víctima cumple 18 años. No obstante, la Santa Sede puede eliminarla si considera que es oportuno para la investigación.
Cómo procede la Congregación ante una denuncia de abuso
La Congregación para la Doctrina de la Fe interviene de tres formas posibles ante un caso de abuso de uno de los miembros. La más frecuente es la que combina la denuncia ante la justicia ordinaria con las autoridades religiosas. De este modo, termina siendo el Obispo el encargado de iniciar las investigaciones.
Otro tipo de procedimiento es la denuncia exclusivamente a través de la diócesis. En este caso se empieza una investigación y, si es creíble, la envía al Vaticano. Al mismo tiempo, la Santa Sede trabaja con los obispos para animar a la víctima a denunciar el caso ante las autoridades civiles.
El tercer caso, el menos frecuente, es la apelación directa a Roma, una opción que hasta hace pocos años no tenía recorrido, pero que la presencia del Papa Francisco ha incrementado. Este mecanismo se aplicó en el recordado caso de un sacerdote español de Granada al que el Vaticano inició un proceso y luego demostró su inocencia en el fuero civil.
