Podría haber sido la imagen del año: una nena agarrada a un peluche y su panza de embarazada empezando a asomar bajo el camisón de hospital. Pero no la vimos y tampoco la buscamos. La ley obliga a preservar su imagen y también su identidad, así que hubo incluso que inventarle un nombre. Para todos fue Lucía, o más bien “caso Lucía”: 11 años, violada por el novio de su abuela. Embarazada y pidiendo abortar.
Si no hubiera sido en Tucumán, quizás no hubiera llegado a noticia: situaciones como la suya son horriblemente frecuentes y están previstas en el Código Civil, incluso ratificadas por un fallo de la Corte Suprema. Lucía tenía derecho a no ser madre, pero le tocó ser violada en una de las provincias que no adhería al protocolo para abortos no punibles. La familia diría después que no les dieron información, que a la nena había médicos que le acariciaban la panza, que le prometieron una casa e incluso “una familia importante” para “hacerse cargo” de la beba. Sólo tenía que “aguantar” hasta el parto.
Lucía no podía aguantar. Ni su cabeza ni su cuerpo. ¿Cómo contamos lo que no se puede mostrar? ¿Cómo le damos voz a quien no puede hablarnos? En las redes sociales, miles de mujeres subieron sus fotos infantiles bajo el hashtag #NiñasNoMadres. Lucía iba a seguir anónima, pero iba a tener la cara de cada una que se conmoviera con su situación. Yo también subí mi foto: tengo puesta una remera de ET y hago payasadas para la cámara en un viaje familiar.
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Lo que ocurrió, finalmente, estuvo a mitad de camino entre un parto y un aborto: una microcesárea y una beba prematura que sobrevivió apenas lo suficiente para que el ministro de salud tucumano se jactara de haber cuidado las dos vidas. En el quirófano, había estado solo un matrimonio de ginecólogos: José Gigena y Cecilia Ouset. Ella es objetora de conciencia, pero ofició de instrumentadora cuando el personal de la clínica quitó su colaboración, con la nena ya lista para la cirugía y la presión por las nubes.
No tenía idea de la cantidad de veces que iba a hablar con ellos en los meses siguientes: a pesar de que la intervención había sido expresamente indicada por la justicia, los médicos fueron denunciados por homicidio agravado por la muerte de la prematura. Recibieron amenazas en redes sociales y telefónicas. Hasta tuvieron que cambiar a sus hijos de colegio. Yo también recibí amenazas, algunas azuzadas por un médico que se había negado a practicar ese aborto no punible. A lo largo del año, varias veces usó mi foto para llamarme “asesina” después de que lo entrevistara.
La ginecóloga Cecilia fue la primera persona en la que pensé la mañana de diciembre en la que se publicó el protocolo de aborto no punible. En la retirada, el secretario Rubinstein le ponía marco y claridad a situaciones como la del caso Lucía. Hablamos en privado y al aire. “Es un alivio”, me dijo. Iba a durar horas antes de que Macri diera marcha atrás y le regalara el centro a Ginés González García que reinstaló un protocolo muy similar en su segundo día como ministro de Alberto Fernández. Éramos pocos periodistas esa tarde en una sala de la Casa Rosada, apenas nos dieron cinco preguntas. Mientras salía apurada a buscar el móvil que me esperaba en la explanada una colega me dijo “para mí que en un año un aborto no va a ser noticia”.
Sólo en 2017, casi 2500 bebés nacieron de madres menores de 15 años. Un estudio de ADN confirmó en este caso la identidad del violador, un hombre de 65. Está detenido, pero es una prisión preventiva que vence el próximo 28 de febrero y podría quedar en libertad. El fiscal teme que se fugue y pedirá que llegue preso a un juicio que todavía no tiene fecha. La causa contra los ginecólogos se mueve más rápido que ésta.
Mientras tanto, desde Tucumán, me cuentan que Lucía está bien. Hace unos días terminó el primario.
Por Marina Abiuso
