En 2011 tuvo media sanción en el Senado y dos años después, llegó el aval de Diputados. En ese momento la sociedad entera lloraba el crimen de Angeles Rawson y ahora fue la violación y el asesinato de Micaela García en Gualeguay lo que terminó de darle impulso a la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.
En los próximos días se oficializaría el decreto a través del Boletín Oficial, según adelantó el diario Clarín, aunque todavía no está claro cuándo podría entrar en funcionamiento. En la práctica, avalado por la ley 26.879, el Estado está habilitado para extraer una muestra de material genético de quienes hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual y almacenarlas para después, en el caso de que se investigara una posible reincidencia del agresor, poder cotejar la información.
Una de las principales impulsoras del registro de violadores fue Isabel Yaconis, la mamá de Lucila, quien fue asesinada durante un intento de violación a los 16 años, cuando le faltaba menos de una cuadra para llegar a su casa.
“Cuando mataron a mi hija, en 2003, había ADN del agresor disponible. Me ilusioné porque pensé que estábamos frente a una prueba mucho más contundente que una huella digital, pero no había dónde contrastar el dato. Creo que esta medida no va a terminar con los violadores, pero los vamos a tener un poco más acorralados”, dijo al mismo diario Isabel, que desde hace varios años sigue adelante con su lucha desde la ONG “Madres del Dolor” .
