El COVID-19 trajo cambio de hábitos para todos. También para las comunidades del noroeste de la Argentina, donde es común apunarse, que debieron dejar de lado una actividad ancestral como lo es el coqueo, debido al cierre de fronteras para contener la pandemia.
Una resolución de los fiscales federales de Salta y Jujuy, Eduardo Villalba y Federico Zurueta y el titular de la Procunar, Diego Iglesias, dará una solución transitoria a esa situación anómala, tras el pedido de las autoridades de esas provincias: autorizaron la entrega de hojas de coca secuestradas al contrabando para su distribución en la comunidad.
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El uso de las hojas de coca en el NOA se remonta al siglo XVIII. Para 1920 se había extendido a todas las clases sociales, según consignó el antropólogo Ricardo Abduca, y que destacó el gobernador Gerardo Morales en su presentación judicial, del 5 de mayo pasado.
Aunque aún hay grises en las normativas vigentes y una situación que los fiscales describen como "esquizofrénica". El artículo 15 de la ley 23.737 establece que está permitido el coqueo, masticar la materia prima de la cocaína en su estado natural. También se puede consumir como infusión.
Pero la tenencia y la producción es ilegal en la Argentina, la excepción se hace en esas zonas con pequeñas cantidades en estado natural que, se suponen, son para el consumo personal. Para producir un kilo de la droga, se utilizan entre 800 kilos y una tonelada de hojas
La única manera en que ingresan al país, en la actualidad, es de manera ilegal y bajo la figura de contrabando, una circunstancia que está en evaluación y cuyas contradicciones están planteadas en un proyecto elaborado por el senador salteño Martín Arjona, que busca norma la situación.
Mientras se discuten las normativas, cerrado el paso desde Bolivia, las autoridades disponen ahora de 864 kilos, depositados en la Brigada de Narcotráfico de Humahuaca y al Escuadrón 21 “La Quiaca” de Gendarmería, para ser distribuidos, principalmente, a los miembros de pueblos originarios.
En el caso de Jujuy, el gobierno de esa provincia las entregará a través del Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría de Pueblos Indígenas y con intervención de otros organismos.
Garantizan que la distribución se hará "con la totalidad de los controles sanitarios, bromatológicos y de seguridad para garantizar que las hojas de coca sean destinadas exclusivamente al consumo personal de los jujeños".
Incluso, elaboraron un protocolo para asegurarse que así sea.
Salta aclaró que entregará las hojas de coca "gratuitamente a los consumidores, mediante un procedimiento que garantice íntegramente la trazabilidad y transparencia de dicho proceso, acompañando un protocolo a tal efecto, en el que se establece como autoridad de control y supervisión a la Agencia Antidrogas del Ministerio de Seguridad de la provincia".
La importancia de la hoja de coca para las comunidades del norte del país
El primero en solicitar la autorización al Ministerio Público Fiscal fue el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales "con el objeto de remediar la situación de desabastecimiento de hojas de coca destinadas al consumo personal que atraviesa la provincia, en el marco del cierre de fronteras dispuesto para hacer frente a la pandemia".
Morales destacó que "la hoja de coca tiene una gran importancia cultural en la provincia y constituye un elemento central en la cosmovisión de los pueblos indígenas".
En esa provincia, habitan más de 350 comunidades, identificadas con 11 pueblos indígenas: kolla, guaraní, atacama, chicha, tilian, fiscara, quechua, ocloya, toba, ornaguaca y toara.
Para estas culturas, la hoja de coca "es insumo de uso espiritual -pues está presente siempre en sus ceremonias religiosas por tratarse de un elemento sagrado- y para su salud -por ser medicina y alimento", indicó la presentación judicial.
"Los estudios realizados confirman los beneficios del consumo de hoja de coca en estado natural y la circulación de las hojas de coca a contextos comunitarios favorecería al bienestar y buen vivir de las comunidades", consideró el gobernador.
La práctica también tiene impacto a nivel psicológico y social. Un informe elaborado por Rita Domínguez, trabajadora social, y la psicóloga María Laura Cabezas, señala que "el desabastecimiento de hojas de coca para su consumo por parte de las comunidades indígenas y los trabajadores de la Provincia de Jujuy ha generado una situación de malestar social que es necesario abordar".
Indicaron que el coqueo se encuentra arraigado no solo en los pueblos indígenas si no también en la vida cotidiana de "todas las clases" debido a que "mitiga el hambre, la sed y el cansancio físico".
Incluso, explicaron que el consumo de hoja de coca funciona como "organizador de la dinámica del trabajo individual, familiar y comunitario del pueblo jujeño, siendo un soporte para la producción en pos de garantizar la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, vestimenta, educación y también como uso energético y complemento nutricional".
Al mismo pedido se sumó, días más tarde, el Ministro de Seguridad de la provincia de Salta, Juan Manuel Pulleiro.
Los fiscales también tomaron en cuenta una presentación ante el Congreso del diputado jujeño Jorge Raúl Rizzotti.
