Una escena de película rompió la calma habitual de los tribunales de Retiro. Una vez finalizado el horario de atención al público, el estacionamiento de Comodoro Py se convirtió en el epicentro de un megaoperativo de emergencia: la hipótesis de trabajo fue la caída de un helicóptero con un saldo de 20 heridos y 10 muertos.
El ejercicio, impulsado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tuvo como objetivo poner a prueba el Plan Director de Emergencias de la Ciudad y la capacidad de coordinación entre fuerzas federales, locales y organismos judiciales ante un escenario de catástrofe.
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El simulacro se activó con una alerta al Sistema de Emergencias. A partir de allí, el cronómetro no se detuvo: desde el arribo del primer móvil hasta la evacuación de la última víctima, pasaron apenas 35 minutos.
El despliegue incluyó a los Bomberos de la Ciudad y de la Policía Federal, quienes trabajaron en el rescate y la extracción de las víctimas (representadas por cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública).
El SAME clasificó a los heridos mediante pulseras con código QR, permitiendo un seguimiento en tiempo real de su derivación a hospitales públicos, tanto por vía terrestre como aérea.
Defensa Civil montó una carpa donde la Policía Científica y el Cuerpo Médico Forense realizaron la identificación preliminar de los “fallecidos” antes de su traslado a la Morgue Judicial.
Perros rescatistas y contención familiar
Tras la evacuación inicial, la División K9 de Bomberos realizó una barrida por los distintos pisos del edificio judicial para descartar la presencia de más víctimas o amenazas explosivas.
Un punto clave del protocolo fue la activación del Centro Cultural Carlos Gardel como espacio de contención. Allí se instaló un centro de asistencia integral para brindar información oficial y apoyo psicológico a los “familiares”, un eslabón crítico en la gestión de crisis reales.
El “Efecto Cromañón” y la lección de Once
Esta iniciativa se enmarca en la Acordada 36/2007 de la Corte, una normativa que nació tras la tragedia de República Cromañón para crear una red institucional ante hechos trágicos. Este protocolo ya fue utilizado en situaciones reales de extrema gravedad, como la tragedia ferroviaria de Once.
Desde 2024, el máximo tribunal busca actualizar estos mecanismos. “El objetivo es optimizar la infraestructura operativa del Cuerpo Médico Forense y mejorar la coordinación interjurisdiccional”, explicaron fuentes judiciales.
