A pedido de las provincias mineras, Javier Milei envió al Congreso el proyecto para modificar la Ley de Glaciares. Entró a través del Senado y el oficialismo quiere darle media sanción el 26 de diciembre.
Es la segunda vez que el Gobierno intenta pasar estos cambios. Inicialmente, estaban incorporados en la Ley Bases que empezó a trabajarse apenas asumió Milei. La falta de consenso hizo que el Ejecutivo diera marcha atrás. Ahora, con un Congreso mucho más favorable, el escenario es otro.
La normativa original, sancionada en 2010, prohíbe las actividades extractivas en los glaciares y ambiente periglacial porque las considera como reservas estratégicas de agua dulce. De hecho, según la Organización Meteorológica Mundial, el 70% de las reservas de agua dulce está contenida en los glaciares.
Lo que busca el Gobierno, según la carta que acompaña la modificación de la ley, es priorizar las actividades productivas (minera, hidrocarburífera) en Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta. Y atraer y dar luz verde a proyectos mineros internacionales. Para ello, abrirá la posibilidad de hacer explotación de recursos naturales en glaciares si no se consideran hídricamente relevantes o que cumplen una función hídrica. Hasta hoy eso no puede hacerse.
¿Qué significa? Según la redacción de la nueva ley, los glaciares deberán funcionar “como reservas estratégicas de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”. Si esto no se verifica a través de las autoridades provinciales y apoyo del Instituto Nacional de Glaciares (Ianigla) entonces dejará de ser un terreno protegido.
El proyecto también refuerza el rol de las provincias. Si bien la Nación sigue fijando los presupuestos mínimos, el texto enfatiza el artículo 124 de la Constitución. Allí se asegura que el dominio originario de los recursos naturales les corresponde a los gobiernos provinciales y les otorga mayor poder de decisión para evaluar estudios de impacto ambiental y autorizar proyectos.
Para diversos expertos y organizaciones ambientales, que el Congreso apruebe estos cambios no solo sería un retroceso ambiental, sino que podría dejar a la Argentina en desventaja frente a una crisis climática creciente. Es muy difícil determinar con un análisis de un año si algo es o no hídricamente relevante para el futuro.
“Tenemos un enorme aumento de sequías, consecuentemente hay un aumento de los incendios y vos lo que hacés es poner en riesgo el recurso hídrico. Y ¿para qué? ¿para avanzar con qué? Porque encima la megaminería genera poco empleo y pocas regalías. La ganancia plena y absoluta es de las empresas mineras, como la Barrick. Y el riesgo altísimo de contaminación lo absorbe todo nuestro país“, explicó a TN Gonzalo Vergez, Coordinador del Equipo Legal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
“Los glaciares no se regeneran, una vez que desaparecen, se dinamitan, los perdiste”, sumó.
Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, dijo: “Modificar la ley es inconstitucional. Constituye un serio retroceso en las políticas ambientales del país, vulnera los compromisos internacionales asumidos por la Argentina y expone a las reservas estratégicas de agua dulce a un riesgo que el país no puede permitirse. No hay desarrollo posible si se recortan las bases de protección que garantizan seguridad hídrica y estabilidad para comunidades y ecosistemas”.
Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) la modificación propuesta es “ilegal e inconstitucional”. Consideran que estos cambios no son pequeños ajustes sino una modificación “radical en los presupuestos mínimos de protección ambiental que fija la Constitución Nacional en su artículo 41″.
Como caso testigo citan el fallo de la Corte Suprema “Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y otro c/ Estado Nacional”, que ratificó la constitucionalidad de la Ley de Glaciares. “La Corte Suprema concluyó que la Ley de Glaciares es constitucional, que el Congreso de la Nación puede y debe fijar presupuestos mínimos y que la ley no vulnera el federalismo, sino que lo ordena”, se lee en el comunicado que publicó la fundación este martes.
Por ahora la iniciativa deberá pasar por las comisiones del Senado y luego por el recinto. El Gobierno espera tratar la ley el 26 de diciembre.
