El juicio por el caso Solange Musse llega a su instancia final en los tribunales de Río Cuarto. Tras los alegatos de las partes, hoy el jurado popular dará a conocer el veredicto que resolverá si los funcionarios imputados son culpables o no de impedir la entrada a Córdoba de Pablo Musse, el padre de la joven.
En el banquillo están José Fernando Andrada, exdirector del hospital de Huinca Renancó y referente del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) local; y Analía Morales, trabajadora social del hospital de Río Cuarto. Ambos fueron acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La querella sostiene que los funcionarios “desoyeron las excepciones humanitarias” que preveían los protocolos y que su decisión vulneró derechos básicos. Las defensas, en cambio, insisten en que sus clientes no tuvieron responsabilidad directa en el operativo de control de Huinca Renancó y que sus imputaciones responden a una investigación con “falencias”.
En las audiencias pasaron exministros, médicos, policías y personal del COE que defendieron la aplicación estricta de los protocolos, mientras que otros admitieron que pudo haberse evaluado alguna excepción.
Todos los testimonios y pruebas que fueron incorporadas durante el debate serán clave en la definición del jurado popular.
La historia de Solange
Musse tenía 35 años y vivía en Alta Gracia. Transitaba un cáncer de mama avanzado y murió el 21 de agosto de 2020 sin poder despedirse de su padre Pablo, que viajaba desde Plottier, Neuquén.
El 16 de agosto de ese año, en plena cuarentena, el hombre fue frenado en el puesto sanitario de Huinca Renancó. Si bien tenía los permisos de circulación, no tenía el PCR que exigía Córdoba en ese momento.
En su lugar le realizaron dos test rápidos que dieron positivo, aunque más tarde comprobaron que eran “falsos positivos”.
Pese a que su cuñada Paola Oviedo, una mujer con discapacidad motriz, viajaba con él y vivía en Alta Gracia, la decisión fue determinante y no los dejaron entrar para darle el último adiós.
Ambos fueron “encapsulados” por patrulleros y escoltados de regreso a Neuquén sin poder detenerse a descansar, ir al baño o comprar comida. Musse murió cinco días después.
Lo que dejaron las audiencias
El juicio avanzó con testimonios de peso. El exministro de Salud Diego Cardozo defendió la postura oficial: “Con un test negativo hubiera podido pasar por fuerza mayor, pero con test positivo el riesgo era enorme por un brote”.
Cardozo recordó que Córdoba atravesaba un pico con 70 muertos por día en agosto de 2020 y que sin vacunas ni tratamientos “dejar pasar a alguien en esas condiciones era una gran responsabilidad”.
En ese sentido, declaró Juan Francisco Ledesma, exdirector del COE central, quien desde la cárcel —donde cumple condena por abuso sexual— insistió en que “con test positivo y sin PCR, Musse no podía trasladarse a Alta Gracia”.
El director del hospital de Río Cuarto, Carlos Roberto Pepe, coincidió en que los protocolos solo preveían flexibilizaciones para emergencias médicas, no humanitarias, y agregó: “Musse venía de una zona con transmisión comunitaria. Es decir, una zona roja”.
Otros funcionarios del COE, como el exsecretario de Gestión de Riesgos Claudio Vignetta, admitieron que se podría haber consultado alguna excepción, aunque defendieron que Córdoba no fue más estricta que otras provincias.
También declaró una sargento voluntaria del COE de Alta Gracia, que confirmó haber recibido la información sobre la enfermedad de Musse y la discapacidad de Oviedo, pero relató que la respuesta siempre fue la misma: “Sin PCR negativo, no había autorización”.
Con todas las pruebas ya incorporadas, tras los alegatos, el jurado popular deberá decidir si los dos imputados son culpables o no de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
