La habilitación para cazar fauna autóctona en varias provincias enciende las alertas en los sectores ambientalistas, que manifiestan la necesidad de contar con mayor información para conocer la situación de algunas especies que son parte de actividades cinegéticas en el país. A su vez, mencionan la existencia de una “deuda histórica” sobre el control de las normativas para proteger a la fauna nativa.
Situaciones como la habilitación en Río Negro para cazar y comercializar fauna autóctona o en Entre Ríos, donde desde el 24 de junio y hasta el 29 de septiembre hay autorización libre para matar a 150.000 coipos generaron preocupación en diversas organizaciones.
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La situación del coipo en Entre Ríos es particular: se trata de una Especie de Vertebrado de Valor Especial (Evve), una categoría que se instauró en la Administración de Parques Nacionales en 1991 y que está conformada por animales seleccionados bajo nueve criterios que determinan su importancia de conservación.
Cada área protegida del país tiene que contar con una lista de Evves y el coipo se encuentra listado en 12 espacios de este tipo. Once de ellos son parques nacionales y dos de esas áreas se encuentran en Entre Ríos: el Parque Nacional Pre-Delta y Parque Nacional El Palmar. También forma parte de la lista de Evves de la Reserva Natural Formosa.
En el pasado reciente, otras disposiciones también levantaron críticas, como la posibilidad de cazar pumas y guanacos en Santa Cruz. La medida, luego de que sectores ambientalistas reclamaran, se revirtió en abril de este año por tratarse de dos especies nativas.
Especialistas dan lugar a la caza para control de especies exóticas o invasoras, pero ponen en tela de juicio los casos mencionados por tratarse de fauna nativa que es irremplazable.
Falta de información
La situación actual llevó a que Aves Argentinas emitiera una posición institucional sobre la caza, algo que la organización nunca había hecho, según explicó a TN el director de coordinación institucional de la organización, Francisco González Táboas.
Estas posiciones, indicó, surgen por demandas coyunturales y resaltó que “sobre caza nunca se había hecho”.
En su posición, Aves Argentinas se opone “a toda práctica de caza que ponga en riesgo a las especies y sus hábitats” y que se aplique el principio precautorio de la Ley General del Ambiente, que indica que en casos que haya peligro de daño grave o irreversible no podrán usarse la falta de información o de certeza científica para postergar medidas que impidan la degradación del ambiente. Ante la duda, no tocar ni modificar nada.
Justamente, González Táboas manifestó que la falta de información y de análisis sobre diversas especies dificulta la posibilidad de determinar si las mismas sufren disminuciones en su población. Por eso, resaltó que se debe tomar el principio precautorio: “No hay números y no hay investigaciones, entonces no sigamos autorizando cazas”.
En tanto, resaltó la necesidad de que se lleven adelante estudios a nivel regional más que provincial. Las normativas heterogéneas entre provincias es otro de los puntos cuestionados por la posición de Aves Argentinas. En ese sentido, el directivo marcó lo que ocurre con el pato crestudo, un ave típicamente cazada para subsistencia pero que sufre la pérdida de población y es de las especies más buscadas por los cazadores en la zona del Gran Chaco.
Sí identifican especies que tienen a sus poblaciones muy comprometidas, como el cardenal amarillo. Por eso, la organización también pidió que se revisen con urgencia los permisos otorgados a empresas de turismo cinegético y denunciaron falta de control sobre firmas no habilitadas.
“La caza cinegética, en general, es sobre especies nativas: patos, perdices, palomas. En un momento se promocionó la caza de cauquenes o avutardas, pero se prohibió porque empezó a ser una especie amenazada”, detalló González Táboas, y sumó que las provincias en donde más se promociona el turismo cinegético son Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa.
Sobre este punto que tiene como eje la actividad turística, la posición de Aves Argentinas apunta a que se fomente el turismo de naturaleza para generar ingresos económicos sin dañar el patrimonio natural.
Deuda histórica
En la Fundación Vida Silvestre señalaron que existe una “deuda histórica” respecto al control y cumplimiento de normativas para la protección de la fauna nativa.
El director de Conservación de la fundación, Sebastián Fermani, consideró que “existen presiones originadas por diversas fuentes, como las actividades productivas o cinegéticas”.
Por su parte, también resaltó que identifican “prácticas específicas y preocupantes” como el uso de perros para la caza ilegal de especies nativas, entre las que mencionó al ñandú o el venado de las pampas.
Fermani señaló que desde Vida Silvestre consideran a la pérdida de biodiversidad como una de las tres patas de la “triple crisis planetaria” que enfrenta la humanidad, en conjunto con el cambio climático y la contaminación.
“La pérdida de biodiversidad es una de las principales problemáticas ambientales del país y rechazamos tanto la caza como el comercio de fauna silvestre que no cuente con un marco regulatorio respaldado en ciencia. Son necesarias políticas públicas basadas en evidencia científica que prioricen la conservación de especies nativas y el equilibrio ecológico”, finalizó.
