La demolición del depósito de electrodomésticos incendiado en pleno centro de La Plata comenzó a las 10 de la mañana de este lunes y durará alrededor de tres semanas.
La Municipalidad de La Plata lleva adelante el procedimiento para que las 190 familias que fueron evacuadas puedan regresar a sus casas.
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El intendente de La Plata, Julio Alak, estuvo presente en el comienzo de la demolición del edificio ubicado sobre la calle Diagonal 77, esquina 48.
“Queremos hacerlo rápido para permitir que los habitantes linderos y vecinos puedan volver”, dijo Alak, quien aclaró que recibieron la aprobación del Colegio de Ingenieros para avanzar con la demolición.
El jefe municipal aclaró que la gran mayoría de familias se autoevacuó en casas de sus familiares y que el municipio se hizo cargo del alojamiento de 12 personas. “Hubo que pagarles hotelería para que se puedan mudar”, detalló.
“Es una demolición complicada porque son varios niveles, pero paulatinamente se va a ir alivianando el edificio. Se empieza de arriba hacia abajo y estimamos que en 3 semanas va a estar concluido”, explicó el intendente sobre el operativo.
Alak aclaró que "no hay ningún peligro" en la demolición dado que hicieron un estudio el Colegio de Ingenieros nacional y el Colegio de Ingenieros de la Universidad Tecnológica (UTN). “Todo está supervisado por la fiscalía que actuó muy rápidamente”, agregó.
“El informe dice que se puede llevar adelante la demolición, sin riesgo de demolición de los edificios linderos", detalló.
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El intendente también explicó que no esperaron a que el propietario del depósito lleve adelante la demolición porque "tenía dificultades para hacerlo" y que para el municipio es “importante hacerlo rápido para que las familias puedam volver a sus casas".
“Las 190 familias que han tenido que mudarse, están expectantes para ver cuándo pueden regresar”, señaló sobre el procedimiento.
Con respecto a las causas que se investigan detrás del incendio, opinó: “Aparentemente no hubo algo premeditado, sino que fue un cortocircuito”
Las hipótesis: incendio culposo, doloso o “estrago”
La fiscalía abrió formalmente una causa por “averiguación de causales de incendio”. Eso habilita a investigar dos grandes líneas.
Por un lado, un incendio culposo originado por imprudencia, negligencia, impericia o un desperfecto técnico, como por ejemplo una sobrecarga eléctrica o chispa en instalaciones precarias. Por el otro, sospechan de un incendio doloso, es decir, intencional.
En ambos casos, por la magnitud del daño, el hecho podría encuadrar como “estrago” (arts. 186 y sigs. del Código Penal), figura que agrava la escala penal cuando se pone en riesgo la vida o bienes de terceros.
El estrago doloso implica una pena de 8 a 20 años de prisión si se prueba intención de causar el siniestro y peligro para personas o bienes, mientras que en el culposo la escala va de 1 a 5 años, con agravantes si hay víctimas.
Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis. Los peritos deberán reconstruir el punto de inicio, la dinámica de propagación y la eventual cadena de fallas.
Lo que mira la fiscalía: sin sereno, sin seguro y ante la posible participación de terceros
Fuentes de la investigación dijeron a TN que se analiza si alguien ajeno a la dueña, como un exempleado o alguien que quiso perjudicarla, pudo haber tenido participación en el inicio del fuego. También indagan en el entorno familiar, ya que la familia Aloise tiene una interna histórica detrás.
El predio no tenía sereno ni vigilancia nocturna, y no contaba con seguro contra incendio, un dato que para los investigadores vuelve “poco factible” la hipótesis de que la propia dueña haya provocado un siniestro para obtener un rédito económico, como se barajó en un principio, según explicó una fuente fiscal a este medio.
A la vez, los investigadores revisan registros eléctricos, cámaras de seguridad de la zona, movimientos de personal y la documentación sobre el estado operativo del depósito al momento del siniestro. “Sacamos DVRs del interior del edificio, pero al parecer están quemados y no se va a poder extraer el material”, indicó la misma fuente.
La documentación incluida en las últimas horas en el expediente muestra que el Municipio de La Plata había dispuesto la clausura del predio en junio; sin embargo, el galpón seguía en uso como depósito de Al Tecno S.A. cuando se produjo el incendio. “Entraban y salían vehículos diariamente”, dijo la fuente.
Esa situación podría configurar una infracción administrativa y, de comprobarse que la continuidad implicó condiciones de riesgo (instalaciones eléctricas saturadas, almacenamiento indebido, etc.), sumar elementos a la eventual responsabilidad penal por negligencia.
La fiscalía ordenó reunir actas de inspección, antecedentes de clausuras, habilitaciones, contratos de alquiler o concesión y cualquier registro municipal que ayude a precisar quién tenía el control efectivo del lugar y bajo qué condiciones.
