Leonel Ayala tenía 32 años, era de Florencio Varela y dedicó su vida a la docencia. A principios de marzo, su salud se complicó por un problema de vesícula y terminó internado en el hospital Italiano de La Plata, donde le aplicaron fentanilo contaminado con el virus de la neumonía.
El joven murió el 12 de abril, después de un mes de agonía. Su caso es una de las 53 muertes confirmadas en la causa que investiga el uso de ampollas alteradas de este potente opioide, que tiene a empresarios de dos laboratorios en la mira de la Justicia.
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Leonel era licenciado en Educación con un excelente promedio, profesor de música y docente de nivel superior. Había cumplido el sueño de convertirse en inspector de enseñanza artística en escuelas del conurbano bonaerense. Pero su vida dio un giro inesperado en marzo.
“Él era sano, no tenía ninguna enfermedad preexistente”, afirmaron sus hermanos Alejandro y David, en una entrevista con TN Central. Pero, según contaron, la historia de Leonel comenzó a complicarse cuando ingresó a la clínica de Ranelagh por un cuadro de dolor abdominal.
El diagnóstico inicial fue un cálculo en la vesícula que obstruía el páncreas. Dicen que evolucionó favorablemente y estuvo a punto de recibir el alta. Pero antes, le programaron una endoscopia que, tras el análisis de un perito de la familia, resultó “innecesaria”.
En Ranelagh le realizaron una CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica) que no requería su cuadro clínico. El 15 de marzo fue derivado al hospital Italiano de La Plata, donde su situación empeoró. Le aplicaron fentanilo para paliar el dolor, pero poco después comenzó con fiebre y una neumonía que los médicos no lograban controlar. Murió el 12 de abril.
“El acta de defunción dice que falleció por pancreatitis aguda y paro cardiorrespiratorio. Pero nosotros no nos conformamos con eso”, afirmaron sus hermanos, quienes tuvieron que indagar para llegar a la verdad.
“Le dieron fentanilo durante 30 días cuando las recomendaciones médicas dicen que no debería administrarse más de 15 días en terapia intensiva. Además, nos decían que tenía una bacteria que no podían controlar, pero todo apuntaba a que era el fentanilo contaminado”, agregaron.
La familia Ayala asegura que recién se enteraron del escándalo cuando vieron las noticias: “Al principio el hospital nos negó todo, nos dijeron que a Leonel no le habían dado fentanilo contaminado. Pero nos asesoramos con un abogado, pedimos los informes y descubrimos que el lote que le aplicaron estaba dentro de los adulterados”.
“Si no hubiéramos tenido la fuerza para investigar, esto pasaba desapercibido. Y creemos que hay muchas familias que ni siquiera saben lo que pasó con sus seres queridos”, afirmaron.
“Él era una excelente persona y profesional. Sacaba plata de su propio bolsillo para comprar instrumentos y llevarlos a las clases en las escuelas de zona sur, donde las instituciones padecen un contexto de vulnerabilidad. Su compromiso con la educación pública era enorme, buscaba una enseñanza más justa y de calidad. Lo admiramos profundamente”, agregaron.
“Quería un mundo mejor y trabajaba por eso todos los días. Su vida era esfuerzo, dedicación y resiliencia. Venimos de una familia trabajadora, y él logró todo lo que soñó. Lo que nos pasó fue injusto y doloroso”, cerraron.
La investigación judicial: laboratorios bajo la lupa y allanamientos simultáneos
El caso de Leonel es apenas uno entre decenas. La causa judicial ya contabiliza 53 muertes y 90 personas afectadas. La investigación apunta a fallas en el proceso de elaboración del fentanilo y, en las últimas horas, se realizaron allanamientos simultáneos en 22 empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, Rosario, San Nicolás y Ramallo.
El juez federal Ernesto Kreplak investiga a las compañías Pharma Group S.A. y Ramallo S.A., además de droguerías vinculadas, por supuestas irregularidades en la producción y distribución del fentanilo. La ANMAT había emitido alertas previas por deficiencias en las prácticas de manufactura.
Según los informes oficiales, el opioide contaminado fue utilizado principalmente en terapias intensivas de 19 centros médicos de la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe. Las víctimas habían sido internadas por distintas razones y, tras recibir el medicamento, sufrieron infecciones generalizadas que resultaron fatales.
Frente a la magnitud del caso, el Gobierno nacional se presentó como querellante a través del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones. Según explicaron, buscan “reforzar la intervención del Estado en una causa de alto impacto sanitario” y garantizar el esclarecimiento de lo ocurrido para proteger la salud pública.
El foco judicial está puesto en dos lotes específicos del opioide, que ya fueron retirados de circulación. Sin embargo, la dimensión de la tragedia sanitaria continúa creciendo mientras avanza la causa.
