Un exempleado de la minera Andina del Sol, en la provincia de San Juan, cobró el doble de su indemnización debido a un error administrativo. Al descubrir la irregularidad, la empresa intentó recuperar el dinero, pero el trabajador se negó a devolverlo. Ahora, enfrenta una causa penal y sus cuentas fueron bloqueadas.
Lo que comenzó como un simple error contable se convirtió en un caso judicial. Roberto Sarmiento, que trabajó durante 15 años en la mina Veladero, recibió en diciembre de 2024 una indemnización de $110 millones tras ser despedido. Sin embargo, días después, un nuevo depósito por el mismo monto apareció en su cuenta bancaria por un descuido en el área administrativa de la empresa.
Al notar la duplicación del pago, la minera intentó contactar a Sarmiento para que lleve adelante la devolución de la plata, pero el hombre hizo caso omiso a los llamados.
Ante la falta de respuesta, la empresa acudió a la Justicia y presentó una denuncia en la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas de San Juan, a cargo del fiscal Guillermo Heredia.
Las investigaciones de la causa revelaron que Sarmiento transfirió rápidamente los $110 millones extra a una cuenta a nombre de su esposa, identificada como Muñoz. Este movimiento levantó sospechas y llevó a los fiscales a considerar que no se trataba solo de una omisión, sino de una maniobra intencional para ocultar el dinero.
Para evitar que los fondos fueran retirados, la Justicia ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del acusado y de su esposa. Sin embargo, la causa enfrenta una complicación adicional: ambos residen en San Luis, lo que llevó a la fiscalía sanjuanina a solicitar la colaboración de la Justicia puntana para avanzar en la investigación.
Sarmiento fue citado a declarar en San Luis, pero no se presentó. Ante su ausencia, el fiscal Heredia advirtió que, si vuelve a evadir la citación, se solicitará su detención. En tanto, su esposa también fue imputada y deberá explicar su rol en la transferencia del dinero.
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El fiscal Guillermo Heredia, a cargo de la investigación, explicó el estado del proceso en diálogo con Cadena 3: “Los imputados, que residen en San Luis, fueron citados para conocer sus derechos, pero no se presentaron ni justificaron su ausencia. Por eso, avanzamos con la formalización de la investigación penal preparatoria, pedida hace una semana a la Oficina Judicial. Estamos aguardando la fecha de la audiencia”.
Heredia confirmó que, ante la falta de colaboración, Sarmiento podría ser traído por la fuerza a San Juan: “Tienen la obligación de comparecer, y si no lo hacen, se disponen los medios para hacerlos comparecer mediante la fuerza pública”.
El delito imputado es estafa, según el artículo 172 del Código Penal, con una pena que va de un mes a seis años de prisión, además de una multa.
