El empresario que aplastó con una topadora nidos de pingüinos en Punta Tombo fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el mismo tribunal que la semana pasada lo había declarado culpable.
Ricardo La Regina fue encontrado responsable de haber aplastado nidos, de haber colocado un cerco electrificado en 2021 y de haber desmantelado vegetación.
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Este miércoles el tribunal resolvió por mayoría —dos votos contra uno— imponer la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de daño agravado y crueldad animal.
Los jueces entendieron que entre agosto y diciembre de 2021 abrió con una retroexcavadora un camino desde su estancia Punta Clara, lindera con el área protegida y pingüinera Punta Tombo, hacia el mar y que desmontó flora para poner un alambre electrificado. En el proceso aplastó nidos de pingüino y afectó la fauna del lugar.
En paralelo, fue absuelto por unanimidad del delito de crueldad animal que le había sido atribuido entre el 10 y el 14 de septiembre de ese mismo año.
Los jueces Carlos Richieri, Eve Ponce y Laura Martin resolvieron imponerle distintas reglas a La Regina: deberá mantener fijado y actualizado su domicilio y tiene prohibido transitar -tanto él como terceros- con vehículos de gran porte por los caminos donde ocurrió la masacre y “cualquier otra zona sensible del ecosistema”.
También se le prohibió realizar obras o mejoras sin autorización provincial y sin un informe sobre el impacto ambiental en la estancia La Perla que afecte al ecosistema.
Además, el tribunal le impuso la obligación de “colaborar en las tareas de restauración, preservación y conservación del medio ambiente que disponga la autoridad competente, permitiendo a tales fines su ingreso a la Estancia La Perla”.
El fallo también ordenó el secuestro de la máquina retroexcavadora que utilizó La Regina para aplastar a los nidos de pingüinos y así poder abrir los caminos desde su estancia hacia el mar.
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Por último, se dispuso por mayoría la inmediata intervención del estado provincial para que determine qué medidas deben realizarse “a fin de lograr una solución que implique la protección de los bienes ambientales compatible con la presencia humana en el lugar”.
Según detallaron los jueces, este organismo deberá establecer cuáles son las áreas a proteger, qué cantidad de hectáreas y de qué forma corresponde custodiar el ecosistema mencionado.
“Lo dispuesto deberá informarse en un plazo de 60 días a este Tribunal – por primera vez- y posteriormente de forma cuatrimestral por el plazo de tres años. Se impone a La Regina la obligación de permitir el acceso de los organismos estatales designados y prestar debida colaboración con el fin de lograr la recomposición de medioambiente afectado”, cerraron.
