Este martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió dar por terminada su supervisión sobre el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza-Riachuelo, marcando el cierre de una etapa histórica en la lucha por la recuperación de uno de los ríos más contaminados de Sudamérica.
El fallo se firmó 16 años después de la sentencia que obligaba al Gobierno Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a coordinar esfuerzos para reducir la contaminación en la cuenca y remediar el daño ambiental que durante décadas había afectado gravemente a millones de personas.
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En el máximo tribunal argumentaron que su intervención judicial generó una reforma estructural significativa, que era necesaria para encauzar las acciones del Estado y las entidades responsables hacia el cumplimiento de los derechos ambientales consagrados en la Constitución Nacional.
En este sentido, la Corte destacó la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) en 2006, a partir de la ley 26.168, como uno de los resultados más concretos de su supervisión. Esta entidad fue establecida con amplias facultades para regular y controlar cualquier actividad con incidencia ambiental en la cuenca.
“Desde el plano funcional, la Corte analizó los diversos informes presentados por ACUMAR en la causa y concluyó que las medidas aprobadas oportunamente se encuentran todas en ejecución con diferente grado de avance”, detalla el documento.
El fallo subraya que, si bien se ha avanzado en la implementación de las mandas judiciales, con proyectos y obras en ejecución en distintos grados de avance, no corresponde a la Corte seguir monitoreando estos progresos de manera indefinida. “La decisión del Tribunal refleja la convicción de que se crearon las herramientas básicas necesarias para que las autoridades competentes continúen con las tareas de saneamiento sin la necesidad de una supervisión judicial constante”, advirtieron desde la Corte.
En julio de 2023, se cumplieron 15 años desde el conocido “fallo Mendoza”, que en 2008 marcó un hito en la jurisprudencia ambiental del país al ordenar al Estado Nacional y a las jurisdicciones involucradas que pusieran en marcha acciones concretas para revertir la grave situación de contaminación de la cuenca.
La sentencia de entonces no solo obligaba a limpiar el río, sino también evitar que los desechos cloacales e industriales continuaran vertiéndose en el agua sin tratamiento adecuado.
Desde entonces, se avanzó en la limpieza de toneladas de residuos sólidos acumulados en el área del río y la construcción de obras de infraestructura, entre las que se destacan la ampliación del Sistema Riachuelo de desagües cloacales y la instalación de plantas de tratamiento de efluentes industriales.
El fallo Mendoza es uno de los mayores logros en materia judicial a nivel socioambiental. No obstante, conlleva múltiples desafíos que de ninguna manera podrán pasarse por alto y que ocupan tanto al Estado como a la sociedad en su conjunto.
