Las discusiones más extendidas sobre cómo empezar a contrarrestar los efectos del cambio climático suelen centrarse, principalmente, en la carrera para reemplazar el uso de combustibles fósiles por energías renovables.
Sin embargo, los plásticos son un factor fundamental en el deterioro del medio ambiente: casi la totalidad de estos productos se fabrican a partir del petróleo.
Actualmente, se debate un tratado global para generar herramientas jurídicas vinculantes que impulse nuevas leyes y en el país hay una iniciativa que promueve la responsabilidad extendida sobre los productores de plásticos, pero ambos proyectos están inconclusos o frenados por diversos motivos.
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En ese marco, se creó la campaña “Julio sin plásticos”, que promueve la reducción del uso de plásticos durante un día, una semana o durante el mes entero, modificando hábitos de la vida cotidiana.
La contaminación por plásticos no es solo las botellas o bolsas que se suelen ver en la vía pública. Recientes resultados de una investigación hecha por científicos del Conicet dieron cuenta de microplásticos (fragmentos menores a 5 milímetros que se producen por la degradación de materiales plásticos) en heces de focas que habitan la Antártida. Entre los componentes analizados, se encontraron polímeros y pigmentos usados en la industria del plástico, textil, alimenticia, de embalaje y de la construcción.
La necesidad de buscar una alternativa al plástico, así como sucede con los combustibles fósiles, es urgente. Tanto que cientos de países debaten un Tratado Global de Plásticos para terminar con la contaminación por estos productos.
Negociaciones
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se encuentra en negociaciones (van cuatro rondas, desde finales del 2022) para establecer este tratado mundial que significa el documento más importante tras la firma del Acuerdo de París para contener el aumento de la temperatura global a través del reemplazo progresivo de combustibles fósiles.
Es el gran desafío de cara a la COP 29, que se celebrará a fin de año en Bakú, Azerbaiyán. Todo lo que se desprenda del pacto tendrá incidencia directa en la manera de producir, consumir y desechar plásticos en los países que adhieran al tratado.
Sin embargo, a medida que avanzan las rondas de negociaciones del tratado (la última se celebró en Ottawa, en abril), el entusiasmo por darle una forma final al documento se desinfla. Un indicador de ello es la cantidad de corchetes que tiene el texto, signo con el cual se sugieren modificaciones: hay alrededor de 3700 en un texto de 70 páginas.
Estas acciones complican el proceso y lo van frenando, según explicó a TN Cecilia Bianco, miembro de la ONG rosarina Taller Ecologista, quien asistió a todas las rondas de negociación hasta el momento.
Las empresas, señaló Bianco, buscan dilatar lo máximo posible el tratado con vistas a lo que ya se muestra como tendencia hacia futuro a partir de horizontes trazados por la Agencia Internacional de de la Energía: el freno a las inversiones en el sector de los combustibles fósiles.
Compensación económica
“Los planes de la industria petroquímica son compensar, con los plásticos, lo que van a perder con los combustibles fósiles ante el avance de las energías renovables. Más del 95% se fabrican a partir de petróleo”, explicó Bianco. Y agregó: “La producción de plástico debe frenarse en el valor que está ahora, como mínimo, para luego empezar a disminuir”.
Las cifras que da la ONU explican la importancia del tema: la producción y uso de plásticos representa el 19% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), dos tercios de los plásticos producidos son efímeros y se convierten rápidamente en residuos (el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente indica que se producen unas 430 millones de toneladas de plásticos al año). Y añaden que si se mantiene la tendencia actual, la producción se triplicará hacia 2060 junto a sus consecuencias derivadas.
“El plástico está directamente vinculado al cambio climático y las emisiones de GEI. Si se sigue produciendo, va a consumir todo lo que nos queda de consumir para cargar a la atmósfera con más gases”, expresó Bianco.
Por eso, el tratado pretende que se incluyan consecuencias jurídicas vinculantes sobre los plásticos en los países firmantes, algo que también ayudaría a crear legislaciones específicas. Pero teniendo en cuenta el contexto, la especialista consideró que es “complicadísimo” que el tratado llegue a cerrarse antes de la COP 29 de Bakú.
Ley de Envases
En Argentina, un proyecto de ley busca incorporar la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para que, justamente, quienes usen envases tengan responsabilidades tanto sobre esos productos que se introducen en el mercado como sobre su recuperación.
La iniciativa fue presentada el año pasado por el entonces Ministerio de Ambiente de la Nación. Como argumento principal, sostiene que los envases plásticos son el 60% de los residuos domiciliarios y el 25% de los residuos sólidos urbanos. Sin embargo, sigue sin tratarse.
“Hace 20 años que se presentan proyectos que se caen y que ni siquiera pasan de una cámara a otra”, explicó a TN Mariana Saidon, investigadora del Conicet y miembro del Consejo Directivo de la Red de Investigación y Acción sobre Residuos (Riar).
La Ley de Envases promueve tres opciones para que las empresas recuperen sus envases: sistemas de gestión privada, sistemas de devolución como se utiliza con las botellas retornables de las bebidas o mecanismos locales de gestión integral de envases, que requieren el pago de una tasa.
Sin avances
La iniciativa no avanza en el Congreso y hay pocas expectativas para que lo haga. Al respecto, Saidon dijo: “Hay una disputa en el mundo empresarial que no quiere que se aprueben leyes en donde se cobren tasas, mientras que otros sectores luchan para que se aprueben con tasas para que el Estado gestione. Esa es la mayor cuestión”.
“Hubo ideas para hacer leyes sobre economía circular en general, pero después pasa que conjuga tantos productos que termina por no servir para abarcar todo”, agregó.
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La investigadora remarcó la necesidad de incorporar los “incentivos correctos” para que leyes de este tipo sean funcionales a los objetivos que persiguen. Por ejemplo, cobrando de más por un producto hecho con cierto material por sobre otro, algo similar a lo que ocurre con las bebidas que se comercializan en envases retornables.
Otra opción, como citó Saidon, es impulsar “tasas ecomoduladas”, algo que se implementa en el estado de California (Estados Unidos) y por la que las empresas deben pagar en función de la contaminación que generan, con lo que se promueve una prevención entre las firmas para que no contaminen tanto.
“En economía hay costos externos que las empresas no están pagando, como los costos ambientales. Es algo consensuado entre autores de derecha y de izquierda”, resaltó, para finalizar: “La Ley de Envases es para que el productor extienda su responsabilidad por los costos ambientales que genera. En países como Argentina, una ley progresiva puede funcionar”.
