La Conferencia de las Partes (COP) celebrada en Chile por los países firmantes del Acuerdo de Escazú finalizó con la aprobación de un plan de acción para proteger a defensores ambientales en América Latina, región que encabeza, a nivel mundial, el ranking de asesinatos y hechos violentos contra activistas.
Según datos aportados por el presidente de la Mesa Directiva del Acuerdo de Escazú, Marcelo Cousillas, en la última década alrededor de 2 mil activistas fueron asesinados en el mundo, pero la cifra es todavía más alarmante si se pone la lupa sobre América Latina: tres de cada cuatro homicidios se perpetraron en esta región.
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“Es probable que el contexto de peligro para quienes defienden los ecosistemas haya incidido en la decisión de adoptar este plan sin más demora”, sostuvo en diálogo con TN Cristian Fernández, director de Asuntos Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).
Y agregó que la importancia ahora es avanzar lo más rápido posible en la implementación regional del plan de acción. “La representante del público electa por Brasil, Joara Marchezini, solicitó que el programa de implementación se elabore en un plazo máximo de seis meses”, confió.
La meta principal del plan de acción, que se aprobó durante la conferencia, implica un plazo de ejecución de las acciones por los próximos seis años. La premisa es generar conocimiento sobre el trabajo de los defensores ambientales y reconocer el aporte de las personas, grupos u organizaciones que bregan por el cuidado medioambiental.
Diagnósticos de la situación
Consultado sobre las implicancias de la aprobación de este plan, Fernández expresó que uno de los puntos centrales es que los gobiernos monitoreen las situaciones de violencia que puedan vivir los activistas en las respectivas naciones.
“Será una herramienta más para brindar un entorno seguro a quienes defienden los derechos ambientales y obliga a los Estados a elaborar diagnósticos para avanzar en la adopción de acciones tendientes a resguardar a las personas defensoras”, afirmó.
Respecto de la postura de países como Colombia o Brasil, que encabezan la lista de naciones que más homicidios de activistas registraron según el último reporte anual de la ONG Global Witness y aún no ratificaron el Acuerdo de Escazú, el miembro de Farn consideró: “El plan se torna más necesario en los países que se presentan las mayores amenazas. En este sentido, es crucial que Brasil ratifique el acuerdo y que la Corte Constitucional de Colombia avale su implementación”.
En el plano de Argentina, Fernández indicó que el plan de acción “puede ayudar a evitar lesiones a derechos trascendentales, como la libertad de expresión y la protesta social”.
“En Argentina todavía queda mucho camino por recorrer, queda conocer de qué manera concreta, específica, con qué responsables, con qué planes de trabajo se va a llevar adelante en el día a día la implementación de este tratado”, concluyó.
Visitas de otros continentes
Si bien el Acuerdo de Escazú rige sobre países latinoamericanos, la experiencia, que hasta el momento es única a nivel mundial, promueve la llegada de emisarios de otros continentes para intentar emular un tratado como este.
Durante la COP hubo una delegación de Asia y otra de África para intercambiar experiencias y aprender sobre cómo se logró el Acuerdo de Escazú. Alfred Brownell, de Liberia, en África Occidental, explicó: “Estoy liderando la campaña a favor de un marco jurídico de derechos ambientales similar al de Escazú, centrado en los principios fundamentales de los derechos ambientales como acceso a la justicia, acceso a la información, participación pública, acceso a un mecanismo de reparación”.
“Hasta que no tengamos un marco obligatorio que la gente pueda utilizar para proteger su tierra y sus recursos, no vamos a poder hacerle frente a la crisis climática. Esta es una cuestión muy importante porque mientras hablamos, cada semana, más de cinco defensores del ambiente y cientos de indígenas son asesinados”, aseguró.
El Acuerdo de Escazú, que la Argentina firmó en 2018 y ratificó en 2020 a través de la ley 27.566, es un acuerdo regional ambiental de América Latina que pone el foco en la participación de los ciudadanos en las decisiones que los Estados tomen sobre el ambiente.
Sus premisas son garantizar el derecho al acceso a la información, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y al acceso a la justicia en estos asuntos. En tanto, es el primer acuerdo de este tipo a nivel mundial que contempla disposiciones específicas sobre defensores ambientales.
