En la ley ómnibus que el Gobierno envió durante la tarde a la Cámara de Diputados hay una fuerte desregulación y desfinanciamiento de los aspectos ambientales en la Argentina. Ya en las primeras páginas del documento se aclara que habrá cambios en la ley de quema, la ley de protección de bosques nativos y la ley de glaciares. También que se establecerá un mercado de carbono en línea con los compromisos internacionales que asumió la Argentina.
En el capítulo III hay un apartado destinado exclusivamente a Ambiente.
¿Qué significa cada cosa?
Cambios en la ley de quema
La ley ómnibus prevé facilitar que los dueños de las tierras puedan quemarlas para limpiarlas. Es una práctica habitual en el campo y que, ante la emergencia climática y sequía, puede provocar incendios de gravedad. De hecho, en 2022 el incendio que devoró la mitad del parque nacional Esteros del Iberá comenzó porque una vecina prendió su campo para quemar basura.
Actualmente, la ley de quema (26.562) especifica que está prohibido prender fuego si no se cuenta con una autorización expedida por una autoridad competente. La modificación que quiere hacer el Gobierno agrega que esa autorización, una vez solicitada, deberá expedirse en el plazo de 30 días. Si esto no ocurre, “se considerará que la quema ha sido autorizada tácitamente”. Es decir, que se habilita a quemar un mes después de la solicitud aún si no hay respuesta.
Desregulación y desfinanciamiento de la ley de bosques
Ley de Bosques Nativos actual ordenó las tierras de todo el país y se estableció una suerte de semáforo para la deforestación: verde para zonas con bajo valor de conservación que pueden ser deforestadas; amarillo para zonas con valor medio de conservación que no deben desmontarse pero pueden aprovecharse para actividades sostenibles como turismo; rojo para zonas de alto valor de conservación que no pueden tocarse.
Según la modificación que quiere hacer ahora el Gobierno se habilitarían “proyectos de desmonte de bosques nativos para los que se encuentren bajo la categoría I y II”, es decir, categoría rojo y amarillo.
Por otro lado, le quita recursos a la ley actual. Hasta este momento, se financiaba con el 0,3% del PBI y el 2% de las retenciones. Si bien ningún gobierno desde la sanción de la ley cumplió al 100% con esta medida, esto ya no será así. El Fondo de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos se financiará con lo que le otorgue el gobierno de manera discrecional, donaciones, préstamos de organismos internacionales y la venta de terrenos vinculadas al sector forestal.
Cambios en la ley de glaciares
Según el escrito presentado “se realiza una modificación en la Ley de Glaciares a fin de habilitar (con los informes ambientales exigidos por la normativa) la actividad económica en la zona periglaciar (alrededor del glaciar)”.
Instauración de los mercados de carbono
En el apartado destinado a Energía, se hace mención al Acuerdo de París, un pacto internacional al que la Argentina adhirió y tiene como objetivo limitar las emisiones de gases efecto invernadero para luchar contra el cambio climático. Así, el país debe presentar un inventario de sus emisiones y de las acciones que está haciendo para reducirlas. Incluso, tiene el compromiso de la carbono neutralidad para el 2050.
En ese contexto, el Gobierno quiere creer un mercado de carbono y un control de emisiones de carbono a cada sector. “Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a establecer un mercado de derechos de emisión de GEI, en el cual quienes hayan sobre cumplido su meta puedan vender los servicios a aquellos que los necesiten para lograr su objetivo y evitar la penalización”, se lee en el documento.
¿Qué significa instalar un mercado de carbono? Es un sistema de comercio a través del cual los gobiernos, empresas o individuos pueden comprar y vender permisos de emisión o créditos de carbono para compensar sus emisiones.
Existen algunas iniciativas en la Argentina que son mercados voluntarios. Es un mercado que no está regulado por ningún organismo, son certificadores independientes que validan reducciones de emisiones para emitir créditos de carbono. Y eso se comercializa de forma voluntaria.
Es una medida que se debate internacionalmente y en donde no hay un consenso claro sobre su efectividad. ¿Por qué? Porque muchas veces las iniciativas no son transparentes o verificadas o incluso se duplican los bonos. Es decir que dos empresas compensan con el mismo proyecto, algo que no cumpliría con las condiciones para que efectivamente se neutralicen las emisiones.
Lo que plantea la ley es un sistema de comercio de emisiones. “Es un mercado de carbono que establece un tope de emisiones y asigna derechos de emisión a distintas entidades, como industrias o plantas, para que estas entidades tengan que respetar esos límites y si llegan a emitir menos puedan comercializar el excedente”, explicó a TN Catalina Gonda, experta en mercados de carbono.
Este tope de emisiones estaría alineado con los compromisos internacionales de la Argentina. Si las empresas se exceden en sus emisiones entonces deberán comprarle a otras empresas que no lo hayan hecho.
“Hay dudas sobre lo que plantea la ley. Por ejemplo, qué porcentaje total de emisiones terminaría abarcando este mercado de carbono. En principio abarcaría a todos los sectores, pero está bajo el ala de la transición energética. ¿Es solo ese sector? Además, el poder ejecutivo tiene la potestad de asignar los derechos de emisión. Cuáles serían los criterios para hacer esas asignaciones no está claro”, sumó Gonda. Y agregó que se desconoce qué tipo de penalidades se aplicarán a quienes superen los derechos emisión.
Por otro lado, hubo casos de fracaso en otros países que los implementaron. Por ejemplo, lugares en donde se entregaron sin costo una gran cantidad de derechos de emisión. Entonces las empresas terminaron vendiendo el excedente. “Las empresas no tenían un incentivo para descarbonizarse y además les entregaban un negocio en mano”, sintetizó Gonda.
Según la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN) “existe el riesgo de que la ambigüedad de estos compromisos y los mercados de carbono terminen siendo contraproducentes, legitimen la continuidad y expansión de actividades contaminantes y retrasen la acción necesaria para poder alcanzar los objetivos del Acuerdo de París”.
