Marina De Vicenzi, la mamá de Justina Endara, desconoce su paradero desde el viernes 25 de agosto, cuando la joven de 22 años asistió a una pericia psicológica en Río Gallegos. Justina tiene síndrome de Asperger y estaba internada en el Hospital de Alta Complejidad de El Calafate SAMIC, en la provincia de Santa Cruz, desde el 1 de junio.
Para este examen, la joven fue trasladada por personal del hospital SAMIC hasta Río Gallegos el 24 de agosto y, el 25 a las 8:00 fue atendida por la perito. Después, tenía que volver a la institución.
Leé también: Tragedia en Córdoba: tres operarios murieron en un pozo cuando reparaban una tubería
“Sabíamos que se había retirado del cuerpo policial a las 10:00 porque la perito nos avisó para pagarle los honorarios”, detalló De Vicenzi y agregó: “Calculamos que debía llegar a las 19:00 al SAMIC. Pasamos a las 20:00 y Justina no había regresado, pero el alta médica no estaba en el hospital. Mi esposo viajó a Río Gallegos intentando rastrearla, pero ningún funcionario lo quiere recibir”.
La pericia psicológica había sido ordenada “por el conjuez Esteban Aristizábal, a pedido del defensor oficial de El Calafate, el doctor Alejandro Serra, para evaluar la situación psicológica de Justina con el vínculo familiar”, especificó Pablo Castillo, su padrastro, en diálogo con TN. Contactó a este medio desde Río Gallegos, donde batalla para recibir noticias de su hija.
“Hay muchos funcionarios judiciales y de otros ámbitos que saben dónde está mi hija, con quién está”, señaló Castillo. Tanto él como su esposa temen que Justina no haya vuelto a El Calafate. “Tienen retenida a mi hija ilegalmente y está, supuestamente, en la ciudad de Río Gallegos. No sabemos dónde la tienen, no está internada. No sabemos si la ingresaron en Salud de la provincia por Río Gallegos, no sabemos nada”, reclamó.
Castillo sospecha que Justina Endara todavía está en esa ciudad por “informaciones extraoficiales” sobre “reuniones donde no participaron todos los actores que están dentro de esta causa y que se determinó que Justina tenía que estar en la localidad de Río Gallegos”, pero él y De Vicenzi desconocen con qué fundamento tomaron esa decisión, pues esas reuniones “no están plasmadas en el expediente”.
“Orquestaron el traslado de Justina con el fundamento de que su cuadro se debe a que la familia la altera”, denunció Marina De Vicenzi, y señaló que el personal del “Ministerio de Salud (de la provincia), el hospital de El Calafate, la SENAF y la Justicia, organizaron a espaldas de la familia un plan habitacional y de tratamiento en Río Gallegos.
Una contradenuncia y la orden de restricción
La madre siempre reclamó que Justina no recibía el tratamiento necesario en el hospital y que tampoco se le garantizaba un tratamiento adecuado en la vivienda familiar, por lo que decidió denunciar. Desde el hospital “se enteraron, retuvieron a Justina y pusieron una contradenuncia con una orden de restricción. Desde el 7 de julio no tenemos contacto con ella”, reveló De Vicenzi. Los padres siguieron recibiendo información a través de su abogado, pero aseguran que no les dieron detalles sobre el traslado de su hija el día de la pericia psicológica.
Justina había sido internada anteriormente en el SAMIC, explicó Marina. “Tenía muchas entradas al hospital, pero siempre era el mismo tratamiento, la sedaban y la amarraban a la cama. Cuando se despertaba, volvía a su casa”, explicó la mujer. Allí vive con una hermana y los padres. En ocasiones anteriores, Marina y su esposo debieron contactar a una ambulancia porque Justina sufrió varias crisis. Sin embargo, en las dos últimas oportunidades, en mayo y en junio, los episodios fueron más fuertes e intervino la policía: “El 1 de junio, se la llevaron esposada”, recordó De Vicenzi. Desde esa fecha, estuvo internada durante un mes.
El 23 de junio, De Vicenzi recibió la notificación del SAMIC donde le indicaban que Justina sería evaluada por los especialistas de la Dirección Nacional de Protección de Grupos de Situación de Vulnerabilidad, que pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El examen se llevó a cabo el 7 de julio. Sin embargo, Justina estaba recibiendo tratamiento desde su casa, así que ese día, cuando Castillo la llevó al hospital, Marina acudió a la Justicia para pedir que no le dieran el alta a su hija porque no estaba en condiciones óptimas. “La vivienda familiar estaba destruida, había arrancado cables y destrozado la pared por sus crisis”, aseguró. Fue por esta denuncia que se le prohibió a la mujer acercarse a su hija.
Leé también: El drama de la fotógrafa que perdió un brazo mientras trabajaba en Brasil: “Pudo haber muerto desangrada”
Los padres de la joven siempre pidieron que la deriven a un instituto especializado en autismo en Buenos Aires, pero aseguraron que las autoridades del SAMIC no les conceden el pedido. “Solicitamos ayuda al Estado porque si tuviéramos la posibilidad de costear los traslados, lo haríamos. Justina se venía tratando con la obra social”, explicó De Vicenzi, pero su tratamiento fue interrumpido por la pandemia. Desde entonces, “su cuadro empezó a deteriorarse” y responsabilizan al personal del hospital por su estado actual.
Sin información sobre el paradero
“El 25 de agosto a las 22:00 hicimos la denuncia y se investiga como ‘búsqueda de paradero’”, indicó De Vicenzi, que se quejó de que las autoridades policiales no quieren darle detalles sobre la investigación. “Nos dicen que no nos pueden dar información por la orden de restricción”, denunció.
“Hoy (martes) fui con mi abogado al hospital. Me recibió el nuevo presidente del Consejo de Administración, el abogado Andrés Cini. Él me dijo que Justina no estaba internada allá”, aseveró Marina De Vicenzi. El padre de la joven también indicó que la Policía realizó un allanamiento en la dirección que está detallada en el expediente, donde podría estar Justina, pero no encontraron nada. El domicilio corresponde a una amiga de la joven que asegura que “no la vieron por allí”.
Además de exigir que les respondan por su hija, De Vicenzi y Castillo le piden al Estado que se apruebe la derivación a Buenos Aires para que reciba un tratamiento acorde con su condición. “Nosotros como familia estamos destrozados, nadie nos da una respuesta real y concreta”, cerró Castillo.
