Aquel 9 de diciembre de 1985, la Argentina fue noticia en el mundo. La Justicia, después de ocho meses de un histórico juicio, condenaba a quienes se encontró responsables del terrorismo de estado ejercido entre 1976 y 1983. A 37 años de la sentencia a las Juntas Militares, cómo fue aquella jornada que empezó a cerrar una oscura etapa en el país.
Cinco de los nueve integrantes de las juntas fueron condenados por llevar a cabo un plan sistemático de exterminio en el marco de la dictadura cívico-militar desde el 24 de marzo de 1976. Su único precedente era el juicio a los comandantes de la dictadura griega (cuyo nivel represivo no alcanzó los niveles de los militares argentinos) y, más atrás, en materia de derechos humanos, el juicio de Nüremberg contra los jerarcas nazis en 1946.
A diferencia del proceso contra los criminales del Tercer Reich, en la Argentina no había habido un conflicto bélico (argumento que de modos utilizaron los militares acusados) ni la Patria estaba bajo ocupación de otro país: la guerra de Malvinas había terminado de derrumbar el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional y las primeras elecciones desde el Golpe de 1976 habían llevado a la Casa Rosada a Raúl Alfonsín, en las elecciones del 30 de octubre de 1983.
Tres días después de asumir la Presidencia de la Nación, Raúl Alfonsín firmó el 13 de diciembre de 1983 el decreto 158 que daba pie al comienzo del proceso judicial. Dos días después, se instituía la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).
El juicio inició el 22 de abril de 1985 y las audiencias se prolongaron hasta agosto de ese año. En unas 530 horas de audiencia declararon 839 testigos en la denominada “causa 13″. El tribunal estuvo integrado por los jueces León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D’Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz.
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El fiscal fue Julio César Strassera, y su adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo. Los letrados usaron como base probatoria el informe “Nunca más”, realizado por la CONADEP. Precisamente en el alegato final, Strassera inmortalizó la frase “señores jueces, nunca más”.
El 20 de septiembre de 1984, el informe de la CONADEP certificó 8961 desapariciones durante la dictadura, así como el funcionamiento de más de 300 centros clandestinos de detención y el modus operandi de la represión: secuestro, tortura y asesinato.
La sentencia en el Juicio a las Juntas
La Cámara Federal finalmente dictó sentencia por 709 casos donde fueron condenados Jorge Rafael Videla y Emilio Massera a reclusión perpetua; Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses de prisión; Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión; y Armando Lambruschini a la pena de ocho años de prisión.
Mientras que el tribunal absolvió a Omar Rubens Graffigna, Arturo LamiDozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya. La sentencia fue leída por León Arslanián, el presidente de la Cámara Federal, y se transmitió por Cadena Nacional.
Aquel 9 de diciembre, 800 palabras leyó, más o menos, Arslanián. La sala estaba llena. Los integrantes de las tres juntas militares vestían trajes civiles, peinados a la gomina, serios. Alguno de ellos, como Videla, con una Biblia en la mano.
El fallo unánime de los seis camaristas federales habló de “detenciones violentas”, de “mantenimiento de las personas en detención clandestina”, de “interrogatorios bajo tormentos” y “eliminación física” de personas, de “saqueo de bienes”. Y también habló de “bandas terroristas”, de la “responsabilidad” de las Fuerzas Armadas en “la represión de la subversión”.
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El fallo de ese 9 de diciembre consagró el fin de la idea alfonsinista de los tres niveles de responsabilidad, y ordenó juzgar las responsabilidades de los mandos inferiores: tras la condena de los autores mediatos, era el turno de los responsables inmediatos. El plan criminal de la dictadura cívico militar había sido probado por el Poder Judicial: la frontera entre el cumplimiento de órdenes y “los excesos” quedaba desterrada.
