El 3 de diciembre de 1990, Argentina atravesó el último alzamiento de oficiales militares contra el poder constitucional: el movimiento tenía como referente a Mohamed Alí Seineldín, que había comandado un regimiento de Infantería durante la Guerra de Malvinas y que ya había formado parte de los levantamientos anteriores.
Durante aquella madrugada, los insurrectos decidieron tomar el Edificio del Libertador, el Regimiento de Patricios, el batallón de El Palomar y la fábrica de tanques TAMSE, en Boulogne. El episodio dejó un saldo de hasta trece muertos -cinco civiles- y veinte heridos.
Alzamiento carapintada: los tres levantamientos contra Raúl Alfonsín
El paso de Raúl Alfonsín al frente del gobierno, desde el 10 de diciembre de 1983, trajo consigo el inicio de la “Primavera Democrática”, pero las Fuerzas Armadas todavía contaban con una porción de poder; apoyado por el clamor popular, el mandatario radical había decidido avanzar con el Juicio a las Juntas, que se llevó a cabo a lo largo de 1985 y que condenó a buena parte de los integrantes de la Dictadura por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Sin embargo, y a pesar del proceso ejemplar, el gobierno fue puesto en jaque en 1987.
En el marco del feriado por la Semana Santa, bajo la conducción del teniente Aldo Rico, un grupo de militares insurrectos conocido como Carapintadas llevó a cabo la primera sublevación: miles de personas salieron a la calle para defender la democracia mientras había oficiales atrincherados en Campo de Mayo. Tras negociar con el líder, Alfonsín brindó un discurso recordado en el balcón de la Rosada en el que pronunció una icónica frase: “Felices Pascuas, la casa está en orden”.
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De todas formas, la zozobra no pasó: hubo al menos dos levantamientos más durante la gestión alfonsinista. En ese contexto, el Gobierno se vio obligado a promulgar, en 1986, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Las reglamentaciones otorgaban impunidad a los responsables de la desaparición forzada de personas, asesinatos, torturas, y detenciones ilegales durante la dictadura.
Alzamiento carapintada: tiroteo, muertos y heridos en Palermo
A poco de haber asumido, el 7 de octubre de 1989, Carlos Menem firmó cuatro decretos indultando a 220 militares y 70 civiles. Un indulto aún más grande alcanzó a todo el personal militar, de la Prefectura Naval y de inteligencia que intervino en aquellas rebeliones, pero el vínculo del riojano con Seineldín, al que había pasado a retiro en el Ejército, empezó a tornarse complejo.
En octubre de 1990, el oficial había advertido a través de una carta que habría “actos reivindicatorios” por el inicio de las “relaciones carnales” con los Estados Unidos, por lo que fue detenido durante dos meses en una guarnición de La Pampa. Allí, pergeñó el último levantamiento.
La sublevación de los cuarteles ubicados en TAMSE, uno de los batallones de El Palomar, el Edificio Guardacosta de la Prefectura y el Estado Mayor del Ejército provocó un intenso tiroteo en el barrio de Palermo durante la madrugada de aquel lunes 3 de diciembre. Cuando se enteró del alzamiento, Menem instó al jefe militar Martín Bonnet a que “aplastara” la sedición. “Yo no soy Alfonsín, yo no negocio”, habría sentenciado el presidente.
Hugo Abete, uno de los estandartes del levantamiento, había expresado ante la prensa que su intención no era desconocer el gobierno constitucional, sino reclamar por modificaciones en la plana mayor de las Fuerzas Armadas, con la que estaban en desacuerdo. De todas formas, la situación se volvió cada vez más caótica: los rebeldes llegaron a dispararle al helicóptero en el que se trasladaba el vicepresidente Eduardo Duhalde y el periodista Fernando Carnota recibió un tiro en la cabeza.
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Tras la orden de represión del jefe de Estado, la sublevación terminó rápidamente con más de 300 detenidos. De todas formas, hubo que lamentar trece víctimas fatales: algunas de ellas estaban a bordo de un colectivo de la línea 60 que acabó aplastado por un tanque. El conductor del blindado en cuestión, Romero Mundani, se disparó en la sien poco después.
Luego de que se levantara el estado de sitio proclamado por el Ejecutivo, el mandatario aseguró que habría penas severas y estuvo a punto de aplicarle la pena capital a Seineldín, quien reconoció haber sido el cabecilla del alzamiento. Finalmente, fue condenado a cadena perpetua. Un día como hoy, pero hace 32 años, la democracia estuvo en peligro por última vez.
